La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, María Antonia Martínez Noguera, a instancias de la Fiscalía, ha admitido a trámite la querella presentada por el concejal de Movimiento Ciudadano, José López, contra la Junta de Gobierno Local por presunta prevaricación, al haber dejado desierta la plaza de interventor municipal, a pesar de que había un candidato que cumplía los requisitos de la convocatoria para cubrirla de hace unos meses.

El edil presentó la denuncia por «posibles delitos de prevaricación y prevaricación continuada en la adjudicación de las plazas de distintos cargos municipales, ya que asegura que «desde hace trece años se están ocupando puestos en el ayuntamiento de Cartagena como son los de Secretario General del Pleno, Director de la Oficina de Gobierno Municipal e Interventor Municipal de manera interina».

En la última convocatoria para cubrir esas plazas no se presentaron candidatos para los dos primeros puestos, sin embargo, Fernando Urruticoechea sí se presentó como aspirante al puesto de interventor municipal pero fue rechazado, basándose en los informes emitidos por el Consistorio de Castro Urdiales (Cantabria), «donde había ocupado antes ese cargo y destapó una trama de corrupción», señaló López. El puesto quedó desierto y lo sigue ocupando de manera interina el actual interventor, Juan Ángel Ferrer.

Un portavoz oficial del Gobierno local comentó que no hubo ninguna irregularidad al dejar desierta la plaza, porque, si bien es cierto que cumplía los requisitos técnicos para ocuparla, pero no se le consideraba una persona idónea para el puesto, una posibilidad que se incluían en el concurso y a la que se recurrió debido a que había informes sobre problemas laborales que el candidato había tenido en otros destinos.

«El proceso fue perfecto», precisó este portavoz, quien añadió que nadi ha presentado un recurso por vía administrativa por este asunto antes de acudir al juzgado. Asimismo, recordó que si no se había convocado antes el concurso para estas plazas es porque la ley que obliga a hacerlo es reciente. Ahora, la juez determinará si llama o no a la Junta de Gobierno local al completo a declarar. De momento, les ha notificado que son querellados.