El Supremo abre la puerta a miles de reclamaciones en la Región por la dependencia

Casi 1.500 personas perdieron la vida en un año en la Región de Murcia mientras esperaban ser valoradas para recibir las ayudas de Dependencia. En concreto, fueron 1.452 los habitantes de la Comunidad los que expiraron en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 en esta situación, tal y como reveló el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho de los herederos a recuperar los gastos adelantados por la dependencia de un familiar, se abre la puerta a interponer miles de reclamaciones desde la Comunidad.

Volviendo al citado informe, llama la atención que la Región continúa en el vagón de cola, junto a Cataluña, en la gestión de la Dependencia. Este documento, que el citado observatorio hace público cada año para indagar en la gestión de la atención a personas dependientes (basándose en 18 indicadores que eligió el Ministerio de Derechos Sociales), sitúa a la Región como la autonomía peor valorada en su gestión de la dependencia junto a la catalana: las dos sacan un 1,7, mientras que la media de España es de 4,94. Las dos Castillas, ambas con 8,3 puntos, encabezan este ranking.

Seis meses para resolver

A la cuestión de cuánto tiempo se tarda de media en resolver un expediente de dependencia y que la persona pueda recibir un dinero, desde la Consejería de Política Social del Gobierno regional afirmaron que «según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el tiempo de resolución para percibir una prestación económica en la Región de Murcia es de aproximadamente seis meses».

Desde el departamento de Conchita Ruiz ponen el acento en un «dato positivo que arroja el informe del Imserso», el cual refleja que la Región «se sitúa como la octava comunidad con mayor número de resoluciones realizadas tomando como comparativa marzo de 2023 y marzo de 2024».

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Desde que una persona dependiente (o sus parientes) realizan la petición para obtener una ayuda pública con la que hacer frente a los numerosos gastos que, por enfermedad o vejez, han de asumir familiares, en demasiadas ocasiones sin los recursos suficientes, comienza a funcionar un engranaje de burocracia que dura meses. Una trabajadora social ha de visitar la vivienda y corroborar en qué situación está la persona dependiente: luego emite un informe y la burocracia sigue.

Volviendo a la sentencia del Alto Tribunal, hace unos días se hacía público que Supremo ha sentenciado que los herederos de una persona dependiente que fallece sin que se apruebe el Programa Individual de Atención (PIA) pueden solicitar que concluya el expediente para recuperar los gastos adelantados.

La Asociación Española de Consumidores, de campaña para reclamar

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimaba así el recurso de la Junta de Andalucía y daba la razón a la hija y tutora de una mujer en situación de dependencia que falleció sin que la Administración aprobara la solicitud de ingreso en una residencia. Tras el deceso de la mujer, se archivó el procedimiento.

Esta resolución judicial reafirma que la percepción de prestaciones por dependencia se acaban con el fallecimiento de la persona, pero si está pendiente la aprobación de algún servicio que hayan adelantado los parientes se debe devolver. 

"Hay continuos retrasos que se están produciendo tanto en la valoración como en asignación de recursos"

«Si estando pendiente la aprobación del Programa Individual de Atención fallece el que ya es titular del derecho derivado de ser persona en situación de dependencia, cabe aceptar que nazca en favor de sus causahabientes un derecho de crédito si es que, entre tanto, han venido sosteniendo con sus medios lo que habría sido la prestación declarada como derecho, pero aún no concretada», se puede leer en el auto.

Largo proceso judicial

La Asociación Española de Consumidores ha dado inicio a una campaña de reclamaciones a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a los herederos de los dependientes fallecidos que no han recibido la prestación a que les sean devueltos los gastos adelantados, indicaron desde la citada organización.

«Se trata esta de una situación muy frecuente por los continuos retrasos que se están produciendo tanto en la valoración de la dependencia como en la asignación de los recursos una vez que esta ha sido valorada», subrayaron, en un comunicado de prensa.

"Exigimos un plan de choque para reducir las listas de espera en la dependencia", indican desde la organización

Así las cosas, «desde la Asociación Española de Consumidores hemos habilitado nuestro gabinete jurídico para hacer valer los derechos de los ciudadanos que se puedan ver afectados por estos idénticos hechos». Con las cifras en la mano, miles de familias murcianas podrían iniciar un proceso para reclamar su dinero. Aunque los afectados son conscientes de que el procedimiento judicial puede dilatarse incluso años, en unos tribunales ya saturados de por sí.

Desde la asociación hacen hincapié en que «se reclamará ante las administraciones públicas y se llegará incluso a tribunales para que se abone este reconocimiento no pagado a tiempo por la inactividad de las administraciones públicas".

Reducir listas de espera

«Igualmente, desde la Asociación Española de Consumidores exigimos un plan de choque para reducir las listas de espera en la dependencia. Mucho nos tememos que este fallo del Tribunal Supremo suponga una paralización por falta de medios en las administraciones públicas y estaremos muy pendientes a la hora de denunciar que se produzcan estas situaciones en las comunidades autónomas donde hay mayores incumplimientos», dicen.

La lista de espera de Dependencia se reduce un 15% en la Región en el último año

El caso analizado en esta sentencia, ponencia del magistrado José Luis Requero, afectaba a una mujer con una hemiplejia que necesitaba atención continuada para todas las necesidades básicas de la vida diaria, estaba en cama las 24 horas del día y había sido declarada su incapacidad absoluta.

Debido a su hemiplejia y a la imposibilidad de su familia para atenderla, ingresó en una residencia privada, cuya plaza suponía un coste de 2.150 euros mensuales. Una hija suya, como tutora y representante, solicitó en julio de 2017 el reconocimiento de la situación de dependencia de su madre, que se le reconoció casi un año después (junio de 2018) en un grado III. 

Los afectados pueden ponerse en contacto con la Asociación Española de Consumidores en el correo electrónico consultas@consumoenpositivo.es.