Piden 11 años de cárcel para un cura por abusos sexuales y ciberacoso a menores en Cuenca

La Audiencia Provincial de Cuenca juzga este jueves a un sacerdote, de 33 años, acusado de dos delitos de abusos sexuales a menores en 2020, y uno de ciberacoso sexual a otra menor, para el que la fiscalía pide once años y medios de cárcel y 9.000 euros de indemnización para las víctimas.

Según el escrito de conclusiones provisionales, los hechos sucedieron en el verano de 2020 cuando el acusado era párroco en una localidad de Cuenca, donde permitía a los niños jugar en su domicilio particular y en otro inmueble, propiedad de la Iglesia, conocido como “casa del cura”.

Afirma el Ministerio Fiscal que el acusado jugaba con los menores al juego de las “tinieblas”, y que, aprovechando su condición de sacerdote y la confianza depositada por los progenitores de los menores, realizaba tocamientos en los pechos a una menor y en los genitales a un menor, ambos de 13 años.

Asimismo, el 5 de agosto mantuvo una conversación por Whatsapp, de madrugada, con una menor de 15 años, con frases de “inequívoco sentido sexual”, y la citó al día siguiente en su domicilio particular, pero la menor no acudió y sus padres pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades eclesiásticas.

Esto motivó, según el escrito, la apertura de un expediente sancionador y que la Oficina Diocesana de Abusos trasladase los hechos a la Fiscalía, lo que se tradujo en la interposición de una querella en julio de 2022, aunque los representantes legales de los menores manifestaron entonces su deseo de no formular denuncia.

Por cada uno de los delitos de abuso sexual se pide para el acusado cinco años de cárcel, ocho de libertad vigilada y diez años en los que no se podrá acercar a menos de 200 metros de las víctimas ni podrá desempeñar labores relacionadas con menores.

Por el delito de ciberacoso a una menor, el fiscal pide un año y seis meses de prisión, con cinco años de libertad vigilada, otros tantos de inhabilitación para realizar trabajos con menores, y tres años de alejamiento de la víctima a más de 200 metros y prohibición de comunicarse con ella.

Asimismo, el acusado deberá indemnizar con 3.000 euros a cada uno de los menores.