Uno de los investigados del caso Atalayas planta a la Policía por estar en el Caribe

Marco Martínez, uno de los investigados por las 13 muertes del caso Atalayas, plantó a los investigadores de la Policía Nacional, que le citaron a declarar en calidad de imputado, por estar en el Caribe, indican fuentes policiales. Desde el Grupo de Homicidios no han cursado, de momento, una orden de busca y captura internacional contra el empresario porque él les ha asegurado que volverá a España en breve y se presentará para testificar.

En concreto, Martínez se encontraría en la Isla de Margarita, un destino paradisiaco que pertenece a Venezuela y en el cual habría abierto un negocio, un beach club.

Este empresario tendría que haber comparecido la semana pasada en las instalaciones que el cuerpo tiene en Sangonera, como hicieron su hermana Eva (encargada de Teatre) y Juan Inglés Rojo, el gerente, que sí se presentaron en compañía de su abogado, José María Caballero Salinas. Tras comparecer como imputados, quedaban en libertad con cargos, igual que quedaron, la semana anterior, el dueño de Fonda y el trabajador que llevó las bengalas a Teatre. Marco Martínez, oficialmente, no figura ya como dueño de la sala Teatre en el registro, pero sí estaría vinculado a la sala, estiman los investigadores.

Recurren la decisión de la jueza del caso Atalayas de no investigar al Ayuntamiento

Por otro lado, los abogados de las familias de las víctimas en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda el pasado 1 de octubre han recurrido la decisión de la magistrada que instruye el caso de no abrir una pieza separada que investigue la gestión del Consistorio murciano, por si existió un delito de prevaricación por omisión en esta tragedia, que acabó con la vida a 13 personas.

En el recurso de reforma que han presentado se indica que produjeron hasta tres inspecciones municipales que determinaron que las salidas de emergencia no reunían las condiciones de seguridad exigidas. Fuentes de la defensa aseguran que esas inspecciones, por sí solas, ya justifican que se hubiera procedido a la ejecución de la orden de cese de actividad.