La inacción de López Miras pone en riesgo la salud y el medio ambiente

El desarrollo industrial y minero de Cartagena y la Sierra Minera ha sido durante décadas una de las fuentes más importantes de contaminación en Cartagena y en nuestra Región.

La industria química, que en su momento se encontraban en el entorno de la entrada de la ciudad, producía un elevadísimo nivel de residuos y emisiones, que en determinados momentos hacían irrespirable el aire y que han afectado a la salud de miles de ciudadanos de esta comarca. 

Con el cierre de las industrias químicas, la contaminación atmosférica dejó de ser el principal problema, para pasar a tener un grave problema de residuos peligrosos abandonados, que antes las empresas debían gestionar, del que hoy nadie se encarga.

Lamentablemente, pese a que las empresas han finalizado su actividad hace décadas, los residuos siguen contaminando el aire que respiramos, nuestro subsuelo, los acuíferos, el Mar Menor y, lo que es más grave, poniendo riesgo la salud de los vecinos y vecinas y el medio ambiente.

Este es el caso de los terrenos del El Hondón en los que se situaba la antigua Fábrica de Potasas y Derivados, de los terrenos de Zinsa, que cerró en 2008, en cuyos terrenos se encuentran balsas contaminadas con sulfúrico, con filtraciones y que se desbordan con las lluvias y de la propia sierra Minera, con ejemplos sangrantes como la Balsa Jenny y el Vertedero Los Blancos. 

Todos ellos terrenos de antiguas instalaciones industriales abandonadas, que no se someten al debido control ambiental, y que cuentan incluso, en algunos casos, con resoluciones judiciales e informes demoledores del SEPRONA, que reflejan la dejadez, la ineptitud y la falta de vigilancia del Gobierno regional y que cuentan con dos denominadores comunes: 

Propietarios que esperan operaciones que hagan rentable su inversión y que se desentienden de sus obligaciones de descontaminar.

Y la actitud tolerante y permisiva del Gobierno del PP, que lleva décadas consintiendo esta situación y dilatando las soluciones, porque ni es capaz de exigir a los propietarios que cumplan con sus obligaciones, ni es capaz de ejercer su función de garante de la salud pública.

Esta es la lucha, que dura ya varias décadas, de los vecinos de El Hondón, del Sector Estación, de Torreciega, de Santa Lucía, de Los Mateos, de la Sierra Minera que hay que poner en valor y reconocer. Son los que todos los días siguen respirando estos aires contaminados y los que sufren las consecuencias en su salud y de sus familias y, sobre todo, de los más vulnerables, de los niños y los mayores.

Y esta es la situación que el Partido Socialista lleva denunciando también décadas frente a las chapuzas y la desidia de un Gobierno regional incapaz de gestionar, un Gobierno, el de López Miras y Vox, irresponsable, indolente con los problemas reales de la gente y de la Región, tal y como Pepe Vélez y el PSOE llevan señalando desde hace tiempo, que, además, en este caso, pone en riesgo la salud de sus vecinos y vecinas.

Por eso, no caben más dilaciones. Exigimos soluciones ya. Concretas. Actuaciones para depurar responsabilidades de quienes son los responsables de la contaminación y actuaciones para proteger definitivamente la salud de todos y nuestro medio ambiente.

El Gobierno regional tiene en su mano la aplicación de la ley, que exige a la Administración que requieran a los responsables que reparen el daño causado. Y que, en caso de no hacerlo, lo haga el propio Gobierno, de forma subsidiaria y por cuenta de los responsables, además de imponer multas coercitivas en caso de incumplimiento. Capacidad de actuación y de sanción que nunca durante más de veinte años el Gobierno regional ha querido ejercer con los responsables de esta contaminación.

Para eso también es necesario que la Administración regional se dote de personal suficiente, experto, formado en la materia, para garantizar la seguridad y la agilidad necesaria para asegurar la protección del medio ambiente y la tramitación de los informes ambientales, que hoy se acumulan de manera indolente en los despachos de la Consejería. 

Por último y tras los antecedentes del PP, no queda más remedio que fijar también un límite. Es evidente que estas actuaciones de regeneración ambiental en los suelos industriales contaminados no pueden ni deben servir para propiciar actuaciones urbanísticas para enriquecimiento de unos pocos, ni aumentar la cuenta de resultados de nadie.

Se trata de devolver a Cartagena y a la comarca de la Sierra Minera parte de su patrimonio natural y proteger la salud de los vecinos.

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