Indiferentes a la opinión pública

El último Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con «todos los papeles en regla» terminó su mandato el cuatro de diciembre de 2018. Desde entonces han pasado muchas cosas, demasiadas, y la más incontrovertible es que el 60% de ciudadanos españoles percibe como «bastante mala» o «muy mala» la independencia de la Justicia. Así lo constató el pasado 22 de junio el Cuadro de Indicadores de Justicia 2023 de la Comisión Europea.

Comentando días después ese resultado (el tres de agosto), el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez García, escribió que «la percepción de independencia judicial por parte de la ciudadanía es alarmante». Y continuaba: «Cuando más de la mitad de la población expresa preocupación por las interferencias del poder político y económico en el sistema judicial, quienes debemos estar preocupados somos la comunidad jurídica, sujetos activos del sistema de justicia». 

No es nueva la situación. En 2019, un año después de que el CGPJ debiera haber sido renovado, España era el cuarto país de la UE en el que los ciudadanos percibían una mayor falta de independencia del sistema judicial: el 55% la estimaba «bastante mala o muy mala», según el Eurobarómetro de la época, solo por detrás de Croacia (76%), Eslovaquia (60%) y Bulgaria (58%). La percepción de los españoles ha empeorado un punto porcentual por año desde 2018.

Sin embargo, jueces y magistrados tienen una valoración satisfactoria de su propia independencia frente a los poderes políticos y económicos, en contraste chocante con la opinión ciudadana. La no renovación del CGPJ dificulta el funcionamiento a la Justicia, con ausencia de nombramientos necesarios, anquilosamiento de mecanismos judiciales, bloqueo de movimientos profesionales... Efectos todos que provocan un deterioro innegable y retrasos escandalosos en el servicio que se supone todo funcionario debe prestar al ciudadano contribuyente.

Repasando la breve historia de la democracia española se cae en la cuenta de que, curiosamente, la renovación del CGPJ siempre encuentra dificultades cuando la derecha pierde el Gobierno. Esa renovación depende de un acuerdo entre partidos parlamentarios, que eligen a los miembros según las líneas marcadas por los resultados electorales. Sin consenso, no hay nada que hacer.

Desde 2018, los dos dirigentes máximos del PP se han negado a concordar con el PSOE los cambios que marca la Constitución al respecto. El CGPJ sigue teniendo la orientación heredada del Gobierno de Rajoy, puesto que en 2018 saltó por los aires un acuerdo alcanzado entre los partidos por un mensaje filtrado del senador popular Ignacio Cossidó que desvelaba que el objetivo de su partido era seguir controlando el organismo. 

Desde entonces, el partido ahora comandado por Feijóo ha dado un sinfín de excusas para no revitalizar un Consejo que domina con diez vocales conservadores frente a seis progresistas. El PSOE ha balanceado con nombramientos ad hoc de Fiscal General, Tribunal Constitucional, ascensos de magistrados... y los jueces conservadores patalean.

Así cinco años: la Justicia hecha un desastre, la casa sin barrer y la derecha gozando de una cómoda mayoría de 10 vocales frente a seis progresistas en el Consejo, que se encarga de la administración interna del tercer poder del Estado, el Judicial, incumpliendo el mandato constitucional que dicen defender e indiferentes a la opinión de los ciudadanos.

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