Dejad las sedes en paz

Las negociaciones del PSOE con las fuerzas independentistas para la investidura del presidente en funciones han suscitado la protesta legítima de una gran mayoría de ciudadanos, que asisten con preocupación a la degradación institucional de nuestra vida política a manos de Sánchez y sus socios. El pacto alcanzado con ERC y, pocos días después, con el partido de Puigdemont (el héroe de la resistencia catalana, que huyó en el maletero de un coche para no acabar en el trullo) hacen saltar por los aires el orden constitucional, a través de concesiones delirantes a los partidos cuyos votos son necesarios para que Sánchez se mantenga en el poder, en última instancia lo único que realmente importa en estos momentos al PSOE.

La sensación de traición de muchos españoles por parte del presidente del Gobierno y de los partidos de los que se rodea es perfectamente legítima. Afortunadamente, un sistema democrático, como el nuestro, dispone de mecanismos suficientes para que esos ciudadanos descontentos traten de forzar un giro político a través de la movilización pacífica en la calle.

Las manifestaciones ciudadanas, debidamente convocadas, con un lema definido y un recorrido que evite provocaciones innecesarias, son un derecho fundamental que resulta muy oportuno ejercer cuando se tiene la certeza de que el país se dirige a una encrucijada peligrosa. Otra cosa son las concentraciones intencionadas ante las sedes de los partidos políticos que no comparten ese análisis. Aunque esos actos sean también legales, y lo son, señalan a los militantes de un determinado partido, que también tienen derecho a mantener una visión distinta de la realidad, por más que eso pueda chocar a los demás.

La cuestión, a nuestro juicio, es que esos actos de repudio político no pueden instigarse desde el Gobierno, porque en tal caso se estarían sobrepasando los límites aceptables en este tipo de protestas. Así pues, los partidos que gobiernan en un territorio, especialmente sus cargos públicos, deberían abstenerse de convocar estas concentraciones y apoyarlas con su presencia, porque su representación política alcanza a toda la ciudadanía; también a los militantes del partido cuyas sedes rodean.

Cuando la oposición se manifiesta contra el Gobierno, se llama democracia; si ocurre al revés, estamos hablando de otro sistema político nada recomendable, como saben bien los opositores demócratas de los países gobernados por movimientos ultraizquierdistas.

Los altos cargos de una comunidad autónoma no deben participar en estos escraches a la oposición, porque ellos representan a todos los ciudadanos y a todos ellos se deben; también a los que están muy orgullosos de que Sánchez haya pactado con Puigdemont. Esto de rodear las sedes y acosar a los militantes de otros partidos fue el signo de identidad del movimiento chavista cuando echó sus raíces en España a través de Podemos, una perversión de la democracia que recuerda a los sistemas dictatoriales de los cuales surgió esta caterva de radicales. Ahora que el invento podemarra está a punto de desaparecer, resultaría muy triste que otros partidos tomaran el relevo para seguir pervirtiendo las reglas de la democracia.

Los motivos para oponerse a Sánchez son numerosos y contundentes, como están demostrando todas las instancias económicas, judiciales, políticas y sociales, cuyos miembros, incluso los más cercanos al PSOE, asisten escandalizados a esta humillación de la nación española con el único objetivo de que Sánchez y su camarilla sigan instalados en el poder. Pero eso hay que hacerlo sin aprovecharse de las instituciones que uno gobierna coyunturalmente, sino convocando a los ciudadanos a expresar su rechazo pacíficamente en la calle, respetando a los que creen que todo va genial. Ellos son españoles también.

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