Verdad, justicia y reparación para las víctimas de Atalayas

Todo se paraliza cuando recibes el impacto de una noticia como la del incendio en las discotecas de Atalayas, en la capital murciana. Nada de lo cotidiano parece tener importancia ante la pérdida inesperada de vidas y, además, con tan trágicas secuelas como la del matrimonio caravaqueño que deja tres huérfanos, el horror añadido por las dificultades en la identificación de los cadáveres y la insoportable ansiedad de los familiares de las personas que seguían sin localizar. 

Todo un bullir de sentimientos que te atenaza y te sume en un estado de incredulidad.

Y, sin embargo, este terrible suceso nunca debería de haber ocurrido, ya que los locales siniestrados carecían de licencia de apertura y deberían haber estado, por tanto, clausurados, cerrados, precintados (todavía esperamos una explicación coherente de por qué no lo estaban).

Es entonces cuando al ahogo que te embarga se añade la rabia y la indignación que se elevan a su grado máximo al leer las declaraciones de los responsables de ambas salas afirmando rotundamente lo contrario, en lo que parece más un intento de justificar lo injustificable de su actuación como empresarios y presuntos responsables de lo sucedido, con excusas tales como la desaparición en el propio incendio de la documentación que acredita que sí tenía licencia de actividad, uno, y el otro devolviendo el balón al campo del ayuntamiento y señalando la inacción de este en la orden de cierre como prueba de su inexistencia.

Argumentos ambos totalmente absurdos y de corto recorrido, ya que, con seguridad, la documentación relativa a la licencia será la primera que el juez instructor del caso pida al ayuntamiento para verificar dicha situación y enmarcar las primeras responsabilidades y la dirección de las siguientes actuaciones.

En cualquier caso, este suceso y todo lo que lo rodea pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de una administración pública más eficaz, con más recursos y más comprometida con la garantía de los derechos constitucionales de los ciudadanos/as como su principal función y la vida es el más importante de todos ellos.

Por ello ahora la Administración de justicia debería volcar todos los medios necesarios para que el proceso penal abierto no se dilate más allá de los plazos legalmente establecidos y se esclarezca la verdad sobre lo sucedido con rapidez. Se lo debemos a las víctimas y sus familiares. Al menos, reparación.

Suscríbete para seguir leyendo