Corrupción en los negocios

En la época de la vendimia, Lázaro y el ciego llegaron a Almorox, donde un vendimiador les regaló un racimo de uvas maduras. Lo que sigue lo saben ustedes de sobra. La precursora de la novela picaresca en todo su esplendor autobiográfico de anónimo, nos enseñó la realidad de la España del siglo XVI. Y tras varios siglos, no parece que hayamos mejorado mucho. Será porque el ingenio es una de las características más notables del español. Lástima que a veces se use para mal y no para bien.

Por ejemplo, un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018 (24 años) ha vivido como un rey. Varios presidentes de ese ‘més que un club’ puede que le pagaran para que les asesorara sobre los árbitros. Estupefacto me hallo. O sea, que un árbitro asesora no a los árbitros, sino a un club de fútbol acerca de cómo se arbitra. Contaba la forma de actuar según el árbitro que toque. La verdad es que solo sé que no sé nada. Solamente supongo que es una picaresca digna del Lazarillo y un morro digno de una ‘ramat’ entera. Uno tras otro de los presidentes que mandaron en ese club, Núñez, Laporta, Rosell y Bartomeu, mantuvieron la relación contractual con la empresa Dasnil 95 propiedad de Negreira y siguieron pagando al susodicho vicepresidente. Incluso parece ser también que el actual presidente fue el que le subió los emolumentos, para evitar lo que le decía en un burofax: no quiero tirar de la manta, si dejáis de pagarme.

No obstante, para mí que ningún árbitros se dejó comprar, pues como dice uno de los expresidentes: si no, no nos hubiesen anulado un gol en el último partido contra el Atlético, que nos daba una Liga. Lo que evidencia más aun la picaresca del cobrador, pues jugó con la creencia de aquellos que piensan que en esta vida todo se puede comprar. Todo tiene un precio, que al sentir de las noticias fue de varios millones de euros, siete (qué morrazo).

El presidente de la Liga, Tebas, ya ha dicho que no puede haber sanción deportiva porque los hechos han prescrito. Son tres años de plazo (y ya han pasado casi cinco), según el artículo 9 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, para aquellos supuestos en los que existan actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba o competición. Unas sanciones que van desde la multa económica al descenso administrativo, pasando por la pérdida de puntos o incluso la retirada de títulos. Pero si al final se prueba por los fiscales que hubo un delito de corrupción, que prescribe a los cinco años, se personarán como acusación particular, tanto la Liga como la RFEF. El inicio de la investigación, como suele ocurrir, se inicia por lo más tonto. En este caso, porque la citada empresa no pagaba a Hacienda y a partir de ahí se desata el maremoto que podrá acabar con la aplicación del artículo 286 bis del Código Penal, que castiga los casos de corrupción en los negocios con la pena deseis meses a cuatro años de prisión para los directivos.

El club azulgrana, al parecer, se puede enfrentar en su caso a una sanción penal y tributaria, pero no deportiva, por una cuestión de plazos, a pesar de haber abonado presuntamente 1,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros entre los años 2016 a 2018. Y no es verdad que se ha sacado ahora este tema porque el Barça va el primero en la Liga. No hay que matar al mensajero, sino perseguir el delito. Si estamos cerca de los cinco años marcados para la prescripción de este delito es normal que se saque a la luz lo investigado por la fiscalía.

Solo me quedan dos preguntas: ¿no era el Real Madrid el que resultaba beneficiado por los árbitros; y, ¿por qué este club no firma inicialmente la necesidad de investigar, como el resto de los equipos?

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