No creo que haya nadie que no esté de acuerdo en que cualquier tipo de violencia es negativa para la convivencia. Y si encima es contra la mujer con fines de lesionar, agredir sexualmente o hasta matar, la protección de la misma debe ser total, absoluta y para siempre. De ahí que exista una Ley de Violencia de Género, cuya discriminación, al ser positiva en favor de la mujer, ya que ésta es la que recibe los malos tratos en mayor proporción a los que recibe el hombre, es legal, a tenor de lo resuelto en su día por el Tribunal Constitucional. Y cada día existe más normas que tratan de adecuar a las nuevas circunstancias la necesidad de tal protección.
Una de ellas es lo anunciado recientemente por la ministra de Justicia. Ha dicho que se ha dado un paso más para detectar, castigar y erradicar la violencia contra la mujer con la creación de un kit de análisis toxicológico y de nuevas medidas. Lo presentó la ministra del ramo, Pilar Llop, en el Dia Internacional de las Mujeres, en conexión con los últimos avances del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para luchar contra la violencia sexual y la sumisión química.
Resulta que lo de la burundanga y drogas similares no es una fantasía sino que realmente existen, de tal manera que disminuyen, cuando no abolen, la voluntad de la persona a la que sin su consentimiento se le ha suministrado, vía bebida normalmente. La ministra dice que de las 3.000 agresiones sexuales denunciadas el pasado año, el mencionado Instituto detectó que la víctima había sido sometida químicamente en 994 ocasiones (más del 70 % o una de cada tres mujeres). Lo cual entiendo que es estupendo que se detecte, pero quizás seria mas importante que se evitara ese suministro, como por ejemplo controlando la venta de esas sustancias. Pero, claro, el día que la droga desaparezca de nuestras calles a lo mejor es que ya no hay calles.
De todas formas, una redada sistemática, en aquellos puntos donde la Policía conoce que puede suministrarse cualquier sustancia que mine el intelecto o la voluntad de las personas, no vendría mal. Pero para eso se necesita, desde luego, que se le proporcionen los medios adecuados de los que imagino estarán necesitados a tenor de las quejas que con frecuencia expresan, en aras a su mejor funcionamiento y para poder cumplir más eficazmente con su cometido de protección no solo de la mujer, sino también de todos los ciudadanos en general. Reivindicaciones nada distintas, por cierto, a las que desde el ámbito de la Administración de Justicia estamos realizando día sí día también; últimamente, los letrados de esa Administración, que han convocado varios días de huelga.
Lo que no llego a entender es que dos partidos políticos en nuestra Región hayan considerado que si la custodia compartida es la regla general y no la excepción, se ignoren los dictados de la ley de violencia de genero. Es más, han llegado a decir, al parecer, que la sola denuncia debe bastar para que un padre no pueda ver a sus hijos. Menos mal que esa enmienda no se ha aprobado, porque saltaría por los aires toda presunción constitucional de inocencia de los padres separados. Y lo que es peor, se obligaría a los hijos a criarse, al menos temporalmente (y ya sabemos cómo es el tiempo en Justicia) sin su padre, por una mera venganza, por ejemplo. Nuestra Asamblea Regional, a través de su Comisión de Asuntos Generales e Instituciones de la Unión Europea y Derechos Humanos, lo único que ha hecho es proponer una reforma del Código Civil, para lo cual lo enviará al Congreso de los Diputados. Custodia compartida, que por cierto ya la jurisprudencia la viene concediendo desde hace tiempo.
