La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Totana ha dictado el sobreseimiento y el archivo de la causa contra Diego Conesa, exsecretario general del PSRM, por una multa que no se tramitó a un concejal de Izquierda Unida, en Alhama de Murcia, cuando Conesa era alcalde de este municipio.

La denuncia fue presentada por el entonces sargento de la Policía Local de esa localidad, José Clares Martínez, por un presunto delito de prevaricación administrativa contra Conesa, cuando fue el sargento el que se saltó presuntamente el trámite administrativo que conlleva toda multa o sanción, optando por intentar hacer caer en una trampa al entonces alcalde de la ciudad, al remitir la citada multa directamente a la alcaldía, con una petición expresa dirigida a Diego Conesa, para que abriese un expediente informativo al edil de IU y que, además, diese cuenta de ello en el Pleno porque, al parecer, a él no le gusto la actitud del concejal de IU, Juan Romero, con respecto a los guardias que lo sancionaron (por cierto, este edil dio negativo en la prueba de alcoholemia que le hicieron). Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Partido Popular se personaba como acusación particular en dicha causa, con lo que la politización estaba servida.

«No puede considerarse que la actuación del investigado, no ordenando la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, sea encuadrable en el tipo penal correspondiente a la infracción penal a la que se alude en la denuncia inicial», señala la jueza en el auto ya que «los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica».

Es decir, aquí había un deseo de hacer daño por parte del denunciante (al parecer, Clares Martínez, no encajó bien que en 2016 el Ayuntamiento convocara la selección de un Oficial para la Policía Local por concurso-oposición libre, interpretándolo como un acto de «mala fe, descrédito y desprestigio» hacia su persona), y un deseo del Partido Popular de aprovecharse de esto para hacer el mayor daño posible a un competidor político.

Al parecer, en política vale todo. Se puede difamar, insultar, acusar de mil y un delitos a los adversarios políticos sin que, por lo que vemos, estas acusaciones tengan consecuencias para el que las profiere, aunque se demuestre la falsedad de las mismas. Acusaciones que, en la mayoría de los casos, dañan la reputación de la persona afectada de manera irreversible. Y en este caso, tan irreversible, que ha terminado con la carrera política de un hombre que ha dado ejemplo de honestidad y de respeto a la justicia, sin estruendosas declaraciones y aceptando, en todo momento, el transcurrir de los acontecimientos que han terminado afectando a su vida política y personal.

Sí, Diego Conesa ha sido un ejemplo de comportamiento, porque no es normal que un político renuncie a su condición de aforado para enfrentarse a una denuncia que, desde el primer momento, tuvo un gran tufillo a intereses políticos. Y lo hizo, renunciando, a principios de diciembre de 2020, a su aforamiento como diputado para declarar de forma voluntaria. Como más tarde decidió no presentarse a la reelección como Secretario General de su partido, hasta dejar su acta de diputado y abandonar la política. Un adiós de la vida pública, que nos gustaría que fuese temporal. Porque es joven, porque es injusto lo que le ha ocurrido, y porque la política no está sobrada de gentes que, como él, la dignifican.

Hasta su despedida, tras saber el resultado de este sainete, ha sido modélica.