Sin alternativa

No fue posible la paz, escribió José María Gil Robles sobre los turbulentos acontecimientos de la Segunda República española, hace ya bastantes años. Y ahora acaba de afirmar Juan Carlos Campo (ministro de Justicia), una frase parecida (salvando las distancias, pues no existe una situación ni mínimamente similar: «No había alternativa al indulto». A bote pronto, se me ocurre decir, la alternativa era no indultar.

Reconozco que la solución al problema independentista pasa, primero por respetar la Constitución y en segundo lugar, por el diálogo político, excluyendo en la medida de lo posible la intervención de los tribunales de justicia en esta cuestión. Claro que ello solamente sería posible si los condenados independistas estuvieran dispuestos a acatar la misma, y en tanto no se reforme la Constitución permitiendo que cada región de España celebre un referéndum independentista.

Entre tanto, mucho me temo que al final serán nuevamente los jueces los que tengan que restaurar el orden constitucional conculcado, con aplicación del Código Penal, en su caso. Dice el citado ministro sevillano, que el gobierno no ha claudicado, sino que vista la fractura de la sociedad ante este tema, era preciso remover los obstáculos para garantizar la convivencia. Afirma que la ley no exige el arrepentimiento para indultar, y que desde luego no se va a producir una amnistía, ni un referéndum pactado.

A mí me parecen congruentes estas declaraciones y probablemente lo sean. Lo único que me preocupa es que también el Gobierno con anterioridad y especialmente en boca de su presidente, se le ha oído decir reiteradamente que jamás pactaría con los independentistas ni con otras fuerzas políticas, ni siquiera con el exvicepresidente Iglesias, y que tampoco indultaría a los condenados por el procés. Y todo ello ha sucedido.

La pregunta es sencilla: ¿será verdad que no existirá amnistía y que no permitirá a los huidos salir de rositas de su actuación rebelde y presuntamente delictiva? Señor ministro, como es un juez en servicios especiales, voy a creer en sus afirmaciones, deseando que no sea seducido por el primer poder del Estado olvidando al tercero. Lo curioso es que probablemente sea la primera vez, que tres jueces (Defensa, Interior y Justicia) forman parte de un Gobierno de la nación y les ha tocado afrontar dos situaciones enormes, como son la pandemia y los indultos, a los que quisieron unilateralmente independizarse de España.

Confío que sin infringir la ley, lleven ese dialogo con los independentistas a buen término y finalmente, sea posible la convivencia que tanto proclama el presidente Sánchez. Lo malo es que van a tener que dar explicaciones, si siguen manifestando los independentistas su intención de volver a las andadas y por qué al Jefe del Estado le hacen un feo tras otro cuando acude a Cataluña, no asistiendo a actos oficiales. La tarea va a ser ardua y complicada, pues el resto de los ciudadanos votantes actuarán en conciencia en su momento electoral.

Los indultos evidentemente no son anticonstitucionales, pues el derecho de gracia es tan legal como las potestades que el ordenamiento jurídico español concede al Ejecutivo. La cuestión va a radicar, por tanto, en saber si esos indultos han estado o no justificados y razonados, cuando la Sala Tercera (de lo contencioso administrativo) del Tribunal Supremo, resuelva los recursos que diversos partidos políticos han planteado. Requisitos que son indispensables según ya ha dicho anteriormente esta misma Sala en otros indultos concedidos por otros Gobiernos.