Regeneración

Se ha venido rumoreando y sospechando —como consecuencia, principalmente, de leer entre líneas la interesada entrevista que La 1 le hizo a Sánchez, tras volver del rincón de pensar en la Moncloa— que la regeneración de la democracia que postula pasa por dos vías de acceso irrenunciables, y a las que sus socios le están ya apretando para que inicie el camino. Una consiste en someter a los jueces; y otra, a la prensa. Sobre esto último, tan solo diré que la libertad de expresión y de prensa es sagrada en una democracia, y que, si se pasan, mienten o falsean la realidad, ahí están, al menos por ahora, los delitos de calumnia, injuria y similares que pondrán a cada uno en su sitio. Trataré de explicar, y por supuesto defender, el sometimiento de los jueces. Dicen, y sobre todo Yolanda, que hay que reformar la mayoría que se exige en la actualidad para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. He de decir que motivos no le faltan, por la postura del PP de no renovar mientras no se modifique la ley para que sean los jueces los que elijan a sus representantes. Con lo que estoy totalmente de acuerdo; pero primero vamos a renovar y después a cambiar la ley. Claro que como no se fían de Sánchez ni un pelo (cosa que también entiendo porque sus cambios de opinión son para enmarcar) no renuevan, y por eso éste va a cambiar la ley para prescindir de ellos. Un galimatías donde todos tienen parte de razón y solamente hay una víctima (y no es Sánchez), que es la ciudadanía a la que éste tanto quiere, porque ve que sus asuntos judiciales cada vez se atrasan más y más. 

La maniobra que están sospechando los observadores y a la que parece van encaminada los tiros es la siguiente: meter en el Consejo General del Poder Judicial miembros afines a la causa (como García Ortiz o Tezanos, por ejemplo), y una vez tomado el Consejo, tomar el Tribunal Supremo, porque como es aquél quien elige a los magistrados del Supremo, creen que se aseguran le sean favorables las sentencias importantes, especialmente las penales (‘procés’, por ejemplo) y las contenciosos administrativas (nombramientos como los de Dolores Delgado, verbigracia). Si en el Supremo hay magistrados ‘ad hoc’, los puigdemonts, los corruptos y malversadores, camparán a sus anchas y aquí paz y después gloria. Pero como diría el Chavo del Ocho, no contaban con su astucia, y no creo que los jueces ni los periodistas traguen con tales hipotéticos propósitos. Porque ya digo: son habladurías, leídas entre líneas, de las manifestaciones del presidente y las claras verbalizaciones de la vicepresidenta Díaz.

Entretanto, el presidente Guilarte —que como su antecesor hizo, dimitirá en julio si no se renueva el Consejo, después de cinco años de retraso por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, ni siquiera con la intermediación de Reynders— ha dicho que va a trasladar al Congreso un plan para dar independencia a ese órgano de gobierno de los jueces. Pero como eso no interesa al Congreso, y sobre todo a los independentistas, no le harán ni caso. De todas formas, veamos ese plan: para que no haya vencedores ni vencidos (se refiere a los partidos políticos) y para que haya más independencia judicial y el Consejo recupere su prestigio, propone reducir el grado de discrecionalidad para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, mediante un sistema de concursos medianamente reglados, donde se fijen cuáles son los requisitos para acceder a determinadas plazas, y tras la presentación por parte de los candidatos de un programa de actuación, sea un tribunal especializado compuesto por jueces el que realice los nombramientos de los vocales del Consejo. A mí me parece bien, pues al igual que para los nombramientos de presidentes de tribunales superiores de justicia, audiencias o de sala, se les hace una entrevista a fin de que presenten sus proyectos. Con mayor motivo es necesario que los que gobiernen a los jueces expliquen sus propuestas y sean examinados ya no por los vocales de un Consejo elegido mayoritariamente por los partidos políticos, sino por vocales que han sido designados por un tribunal de jueces. Por el contrario, la solución que propone Sumar y Podemos consiste en que para llenar el punto y aparte que dijo Sánchez tras su meditación, restar importancia al Senado, donde manda el PP, y así que sea el Congreso quien elija a 16 miembros del Consejo y el Senado a cuatro. Es decir, seguir con la intervención política. Por eso me quedo con la solución de Guilarte, mientras no se demuestre lo contrario.

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