No es de recibo que por las consecuencias de la crisis económica las familias españolas pierdan su empleo y sus casas, endeudándose de por vida. Ante una situación tan grave no se puede improvisar: el problema debe resolverse conociendo de primera mano la situación de la sociedad, teniendo en cuenta las propuestas ciudadanas y ejecutando medidas justas, realistas y eficaces. Y esto es precisamente lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy: legislar con coherencia para frenar los desahucios.

El ministerio de Economía cifra entre 4.000 y 15.000 los desahucios de primera vivienda -cuyo acreedor es el banco- en los últimos cuatro años. Es evidente que estas cifras muestran que tenemos un problema grave y que se debe de abordar con medidas concretas, responsables e individualizadas para los diversos casos. Y así es como ha actuado el Partido Popular, el único que se ha preocupado por legislar en contra de los desahucios, impulsando dos reales decretos y una reforma de la Ley para propiciar su freno, en línea de lo que pedía la Iniciativa Legislativa Popular.

El Gobierno del PP, preocupado por los ciudadanos y sus problemas, ha sido valiente al tomar medidas para que quien lo necesite pueda solicitar la dación en pago en casos extremos y continuar en sus casas pagando un alquiler social. Además, por primera vez se paraliza el lanzamiento de vivienda habitual para los colectivos más vulnerables; se trabaja para que exista un parque de 6.000 viviendas para alquileres sociales; se amplía el margen de aquellas personas que no pueden pagar su deuda y hasta los tres meses de impago no se podrá ejecutar un desahucio; se pone freno a los abusos, pues un juez podrá detener el desahucio si existen abusos; el valor de la tasación para la subasta no podrá ser menor del 75%; y los intereses de demora de la deuda pendiente no tendrán a su vez intereses.

Y es que ante un problema tan grave como es la pérdida de un hogar, entiendo que no se puede improvisar, desdecirse o ser incoherente, como hace el PSOE, que ha pasado de improvisar desahucios a improvisar expropiaciones en Andalucía. Uno de cada cuatro españoles que sufren el desahucio de su primera vivienda lo hacen bajo el gobierno social-comunista de Andalucía, donde además sólo se beneficia de la dación en pago el 34% de los desahucios, frente al 42% en la Comunidad Valenciana o el 46% en Madrid.

No se puede votar -como hizo el PSOE cuando gobernaba- hasta diez veces en sede parlamentaria en contra de la dación en pago, evitando atajar el problema, y ahora exigir soluciones a la vez que se niegan a apoyar las medidas que el PP pone encima de la mesa para frenar este drama. No se puede ser incoherente con un problema tan grave como éste, no se les puede olvidar que fue Carme Chacón quien, en 2007, propuso crear diez juzgados para agilizar los desahucios.

Ha sido este gobierno, con aportaciones de los ciudadanos, el único capaz de legislar para paralizar los desahucios, de poner soluciones a esta situación. Por esto, un Gobierno que se ha encontrado con un profundo problema y que desde hace quince meses trabaja para atajarlo, no merece ser perseguido.

No es de recibo.