Hace unos días, en la prensa coincidieron tres noticias. La primera hacía referencia a la situación en la que se encontraba un parado jienense de 37 años que el verano pasado perdió la ayuda de cuatrocientos euros del Plan Prepara, tras endurecer el Gobierno los requisitos de acceso a la misma. La segunda aludía a un hombre de 57 años que en Málaga se quemó a lo bonzo tras asegurar que 'no tenía ni para comer'. Murió dos días después. La tercera, por el contrario, nos hablaba de felicidad. En concreto, de la de Amancio Ortega, dueño de Inditex, que en 2011 incrementó su fortuna personal en un 62%, pasando de 26.800 a 43.600 millones, lo que le convierte en el millonario que a nivel mundial más ha visto crecer su patrimonio.
Y es que si algo no se está entendiendo de esta crisis es que la estén pagando exclusivamente quienes no la provocaron: las clases medias y trabajadoras. Por ello suena a sarcasmo la expresión que acuñara hace unas semanas el ministro Gallardón en el sentido de que "gobernar, a veces, es repartir dolor". Está claro que en este país hay quien no participa de ese reparto. Esta desigualdad nos sitúa en el epicentro tanto del origen de esta depresión como de su inquietante evolución, hasta el punto de que no se vislumbra, ahora mismo, salida alguna.
Efectivamente, España es, desde hace bastante tiempo, el país más desigual de la UE. El Coeficiente Gini, que mide la diferencia de ingresos de un país, nos sitúa en 2011 en el nivel 34 (a mayor coeficiente, mayor desigualdad), mientras que la media de los 27 países de la UE no pasa del 30. Por su parte, la relación entre el 20% que más ingresa y el 20% que menos ingresa es, en España, del 7,5, siendo en la UE-27 del 5,7. Desde 2006 en adelante crece invariablemente este coeficiente, con una subida brusca entre 2008 y 2010 (cuando pasa del 5,6 al 7,5). Esta significativa concentración de las rentas en la capas superiores de la sociedad contrae drásticamente la demanda y provoca el agravamiento del ciclo recesivo, llevándonos a la situación de desempleo en la que nos encontramos, la cual hace hace inviable cualquier atisbo de recuperación.
El carácter suicida de la política económica que desarrolla el Gobierno del PP, en el sentido de que hurga en la herida abierta por el desequilibrio de rentas, lo ilustran los propios datos de la Contabilidad Nacional. Según éstos, en el tercer trimestre de 2012 (últimos disponibles), mientras que respecto del trimestre anterior la remuneración salarial desciende un 5,5% (producto del paro y de las rebajas salariales), el excedente bruto empresarial (intereses del capital, dividendos y demás rentas empresariales) se incrementa un 2,7%. Esto a pesar de las quiebras de empresas que se están produciendo, lo que da idea del grado de concentración de la riqueza nacional en una pequeña élite financiero-empresarial, que además oculta sus desmesurados ingresos al fisco.
Si la desigualdad es la causa de la virulencia de nuestra crisis y de su progresivo agravamiento, está claro que las primeras medidas que habría que acometer han de ir en la dirección de aumentar la renta de los asalariados y pensionistas, incrementando el salario mínimo y la pensión mínima (al menos, hasta los mil euros en ambos casos). Así se elevaría el salario medio, que inexplicablemente en este país es inferior en casi un 25% respecto del vigente en la UE-15 (una vez ajustados los precios), cuando nuestra renta per cápita en paridad de poder de compra está sólo un 8% por debajo.
Hasta tal punto comienza a ser evidente que esta considerable diferencia en los ingresos está en el origen de nuestros males, que el propio monarca, en esa encorsetada y almibarada entrevista que ofreció en TVE, declaró que "falta conseguir una España más igualitaria y justa". No haría falta repartir dolor. Bastaría con quitar a los Amancio Ortega el exceso de felicidad que tienen.
