Sánchez pone deberes a las CCAA para aplicar la ley de vivienda y aumentar el parque público

El Gobierno se esfuerza por poner el acento en su agenda social para desviar el foco político de los pactos con los independentistas. A la polémica ley de amnistía pactada con Junts y ERC se sumó la pasada semana el acuerdo con EH Bildu para darle la alcaldía de Pamplona, lo que ha vuelto a sacar a la oposición a la calle y ha dejado en el aire la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En este contexto, marcado también por un choque cada vez más visible con la judicatura, Pedro Sánchez ha querido arrancar la semana hablando de vivienda para comprometerse a “habilitar” durante esta legislatura el plan de 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible que se puso en marcha durante la pasada campaña electoral.

En el marco de la inauguración de la Casa de la Arquitectura, el presidente del Gobierno anunció que su pretensión durante esta legislatura pasa por “usar todos los recursos del Estado” para ampliar el parque de vivienda pública. “Si España tiene un gran reto constitucional es el de la vivienda”, subrayó para asegurar que se está produciendo un “incumplimiento flagrante del artículo 47 de la Constitución” que reconoce el acceso a la vivienda digna como un derecho. Para que durante esta legislatura “deje de ser un problema y pase a convertirse en un derecho real y efectivo” conminó a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a hacerse cargo junto al Gobierno.

La ley de vivienda, pendiente de desarrollar, tiene su principal pata en la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios de los alquileres. Una declaración que corresponde a las comunidades autónomas realizarla o no. Las presididas por el PP ya ha anunciado que no lo harán y varias de ellas incluso han recurrido al Tribunal Constitucional la norma. En el caso de los ayuntamientos es su decisión aplicar o no las subidas del IBI a las viviendas vacías, como recoge la ley, para forzar su salida al mercado y aumentar la oferta de venta o alquiler.

El Gobierno, por su parte, todavía tiene que elaborar los índices de precios de referencia para la actualización anual de los contratos para las comunidades que decidan aplicar las zonas tensionadas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que también intervino en el acto, insistió en que la “prioridad de esta legislatura” será “garantizar el derecho a la vivienda digna y asequible” para convertirla en el “quinto pilar del Estado de bienestar”. Entre las medidas que se comprometió a desarrollar, además de incrementar el parque público de vivienda pública y en alquiler asequible, citó el aumento del Bono Alquiler Joven y la línea de avales ya aprobada por el ICO del 20% de la hipoteca a jóvenes y familias con menores a su cargo.

Decreto anticrisis

La intención del Ejecutivo pasa por llevar al último Consejo de Ministros del año la prórroga de algunas de las medidas del decreto anticrisis. Entre ellas, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional. Vivienda quiere implicar a las diferentes comunidades autónomas en la gestión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad y está acabando de perfilar los aspectos técnicos de la medida.

Desde Sumar presionan para que se prorrogue el grueso de las ayudas otros seis meses más, hasta junio de 2024, pero en la parte socialista solo sopesan por el momento mantener las subvenciones al transporte público, incluyendo su gratuidad para jóvenes y desempleados, y la rebaja del IVA a determinados alimentos. Se espera también aprobar las medidas pendientes del plan de recuperación, como la reforma de los subsidios por desempleo, necesarias para solicitar el cuarto tramo de los fondos europeos de unos 10.000 millones de euros.

Las subvenciones al transporte están ya recogidas en el plan presupuestario y la rebaja del IVA a los alimentos, que anunció Pedro Sánchez en su discurso de investidura, se prorrogará en sus actuales términos, excluyendo la carne y el pescado. Como hasta ahora, la supresión del IVA del 4% se prevé aplicar a todos los alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) y la rebaja del 10% al 5% al aceite y la pasta.

Tensión social

Entre las justificaciones del Gobierno para pactar con los independentistas, “haciendo de la necesidad virtud”, destacó siempre la necesidad de seguir profundizando en una agenda social y progresista. Una puesta en marcha que pretenden acelerar cuando los incendios se multiplican por diversas polémicas y la tensión en las calles vuelve a intensificarse por el pacto con los abertzales para permitirles gobernar Pamplona a través de una moción de censura contra la actual alcaldesa de UPN.

En Ferraz se afanaron a circunscribir este acuerdo únicamente a Pamplona y a las dinámicas propias de su política municipal, que describen como de “parálisis y bloqueo” con un gobierno en minoría de UPN centrado en confrontar con el gobierno autonómico de la socialista María Chivite y poniendo en riesgo fondos europeos, según denuncian. Unas explicaciones que no han acabado de convencer a un sector del propio partido, encabezado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder del partido en Aragón, Javier Lambán, ni mucho menos a la oposición que este sábado se concentró en la capital de navarra con la presidencia de Alberto Núñez Feijóo.