Puigdemont acusa al juez de incumplir el Derecho de la UE al instruir por terrorismo Tsunami Democràtic

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemonty del jefe de su oficina en Bruselas, Josep Lluís Alay, ha presentado en un nuevo escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que acusa al juez Manuel García-Castellón de incumplir el Derecho de la Unión Europea si lleva cuatro años investigando Tsunami Democràtic por terrorismo y, especialmente, si en las pesquisas incluye el fallecimiento de una persona durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El juez busca llevar a Europa la amnistía de Puigdemont por Tsunami Democràtic y el expresident alega 'lawfare'

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, se suma al presentado este martes en el que Alay solicitaba tener acceso al procedimiento, que considera un ejemplo de 'lawfare' (persecución judicial contra enemigos políticos) contra independentistas catalanes y "sus abogados", en referencia al propio Gonzalo Boye, al que se acusa de un delito de blanqueo de capitales por supuestamente haber ayudado a otro de sus clientes, José Ramón Prado Bugallo, alias '

', a recuperar un dinero que se presume procedente del narcotráfico.

Este miércoles la representación de Alay solicita que se le remitan las diligencias practicadas en relación con la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo de 2017 que el propio juez García-Castellón citaba en su auto de imputación, en lo que se ha interpretado como una forma para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pueda dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con una cuestión prejudicial que pueda frenar la amnistía que negocian el PSOE y Junts.

Según la defensa, el magistrado no ha cumplido con lo establecido en el Derecho de la Unión, especialmente en el caso de la persona que falleció durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat por parte de manifestantes que protestaban contra la sentencia del 'procés', porque si su muerte puede ser atribuida a un delito de terrorismo debería haberse comunicado a sus familiares.

El escrito pide en este sentido "que se proceda, con carácter de urgencia, a cumplimentar dicha obligación mediante los instrumentos de cooperación jurídica establecidos entre estados miembros y que se ponga en conocimiento inmediato de las autoridades del estado miembro de nacionalidad del fallecido la grave situación de incumplimiento en que habría incurrido este Juzgado", así como "que se recabe de dichas autoridades toda la documentación que tengan respecto a si por parte de dicho estado se activó algún mecanismo para considerar al fallecido como víctima del terrorismo" o "si se aplicó alguna de las medidas previstas" en el convenio.

En su auto, García-Castellón pedía un informe a la Guardia Civil sobre el fallecimiento y que se localizara a sus familiares para hacerles un ofrecimiento de acciones, para que puedan personarse en el procedimiento como acusación particular, posibilidad que también se ofrecía a los perjudicados y a un policía herido de una pedrada durante una de las protestas.