Política

El Ayuntamiento de Murcia exigirá 30 millones al Estado por el impuesto de plusvalías

La Junta de Gobierno autoriza la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de los Servicios Jurídicos y pedirá una indemnización inicial de 1,5 millones de euros

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz / E.P.

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia han interpuesto una reclamación de responsabilidad patrimonial con la que se solicita al Gobierno de España una indemnización inicial de 1,5 millones de euros para compensar la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía.

La Junta de Gobierno del pasado viernes autorizó la presentación de esta reclamación por el Consistorio, al igual que anteriormente lo han hecho otros como el de Madrid, tras el compromiso adquirido por el Ejecutivo central de compensar a las administraciones locales que se han visto perjudicadas al ajustarse a la baja las previsiones de ingresos por este concepto, un compromiso, recuerdan fuentes municipales que «hasta el momento no se ha cumplido».

Tras varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo, en las que se considera la inconstitucionalidad de estas liquidaciones de la plusvalía, el Ayuntamiento de Murcia acordó la revocación de las mismas en abril del pasado año 2023. En total, han sido anuladas 1.599 liquidaciones con la consiguiente pérdida patrimonial para el Consistorio, lo que supone una cantidad que asciende a 1.507.608 euros, a los que hay que sumar los recargos de apremio, intereses de demora y demás conceptos procedentes que se hubieran devengado a la fecha del mencionado acuerdo.

Principios constitucionales

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, explica que «la solicitud de responsabilidad patrimonial que presentamos al Estado se debe al anormal funcionamiento, derivado de su inactividad continuada durante más de cuatro años, desatendiendo la necesaria reforma legal del impuesto que hemos ido reclamando desde que se han ido conociendo las mencionadas sentencias».

En palabras del edil, esta reforma «hubiera posibilitado que los ayuntamientos liquidaran el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana conforme a las reglas que respetaran los principios constitucionales que las sentencias del Constitucional y del Supremo consideran que han sido vulnerados».

Esta reclamación al Gobierno central de la compensación de 1,5 millones de euros es sólo la primera prevista, ya que el Ayuntamiento, a través de la Agencia Municipal Tributaria, seguirá analizando los conceptos en los que podrá ampliarse.

A estos 1,5 millones de euros correspondientes a las revocaciones de liquidación del impuesto de plusvalía hay que sumar aquellos casos que estaban exentos y a los que no se ha liquidado, calculando la diferencia entre la previsión de ingresos y el ingreso real que se produjo. Además, hay que analizar las devoluciones de ingresos que se han producido desde el año 2017.

Aunque desde el Ayuntamiento se muestran cautos con la cifra total, según ha podido saber esta Redacción, la cantidad que se le podría exigir al Estado podría rondar los 30 millones de euros.

El déficit del transporte llega a los 40 millones

Otra compensación que el Ayuntamiento podría exigir está relacionada con el déficit estimado del servicio de transporte en el municipio de Murcia, que supera, según fuentes municipales, los 40 millones de euros anuales, que es la cantidad que debe abonar el Ayuntamiento de las arcas municipales para cubrir los gastos de esta prestación que no pueden pagarse con la recaudación del billete ordinario y las subvenciones recibidas.

Este déficit se ha visto incrementado en los últimos años como consecuencia del aumento paulatino de los costes de explotación del servicio, entre los que se encuentran el encarecimiento del combustible, de los materiales de repuestos y los costes laborales.