Urbanismo entierra el proyecto de La Paz de López Rejas tras 17 años de trámites y polémicas

Han pasado casi 17 años desde que el empresario José López Rejas presentara un proyecto casi sin precedentes en España: la rehabilitación integral de todo un barrio, el de La Paz, a coste cero para los vecinos. Un proyecto que se presentaba como una intervención radical sobre las infraestructuras para cambiar la inercia de marginación social de la zona, que está plagada de inmuebles en un estado conservación lamentable. Sin embargo, desde entonces la tramitación del proyecto, que requiere el 51 por ciento de apoyo de los propietarios de suelo y un aval bancario de cerca de 9 millones de euros, ha sufrido un sinfín de obstáculos, algunos casi insalvables. Si quedaba alguna esperanza de que pudiera resucitar este proyecto, la respuesta que recientemente le ha dado el Ayuntamiento de Murcia al Defensor del Pueblo, que ha sido requerido por los vecinos para buscar respuestas, deja claro que este proyecto nunca verá la luz, al menos tal y como estuvo concebido en su momento.

Desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento se remitió al Defensor del Pueblo un informe en el que se constata que el proyecto de López Rejas, a día de hoy, es inviable. Entre otras cosas, el documento constata que, transcurridos más de 10 años desde la aprobación del Programa de Actuación sin que el promotor haya podido constituir la Junta de Compensación ni presentar el aval del 10 por ciento de los gastos de urbanización, es inviable. «¿Puede mantenerse indefinidamente esta situación?», se pregunta la directora del Área de Urbanismo, que se responde que no: «Va contra toda seguridad jurídica», sentencia.

Desde el Ayuntamiento sostienen que dado el tiempo que ha pasado, más de una década, «no se considera viable» conceder a los promotores del proyecto más tiempo para justificar la adhesión de al menos el 50 por ciento de los propietarios y presentar el aval. Es más, aunque se concediera más tiempo, las garantías a exigir en esta actuación también incluirían, entre otros puntos, los costes íntegros de expropiación de los propietarios que no se adhieran a la Junta de Compensación. En el caso de que sólo se adhiriera el 50 por ciento, supondría la expropiación de unas 750 viviendas y unos 27 millones de euros. Además, en el momento en que se desaloje cada vivienda, la empresa promotora se comprometía a depositar una fianza de 200.000 euros a cada propietario como garantía de realojo y adquisición de la vivienda final.

Todas y cada una de estas obligaciones deberían estar garantizadas por la Junta de Compensación, que, insiste el informe municipal, no ha podido constituirse.

Ante esta situación y tras preguntar el Defensor del Pueblo por las alternativas que existen, desde el Ayuntamiento señalan que primero se hace necesario analizar la viabilidad económica del proyecto inicial y si es viable (lo cual por lo explicado anteriormente parece muy improbable) adoptar un cambio de sistema, de Compensación a Concurrencia, por el que se iniciaría un proceso para encontrar a un urbanizador.

Sin embargo, la opción más probable es la de modificar el planeamiento que se aprobó, reducir la edificabilidad y plantear no la construcción de nuevas viviendas, sino sobre todo la rehabilitación de las que existen, siempre y cuando se obtuvieran fondos europeos «de otra procedencia pública» o incluso «plantear una financiación compartida por los mismos propietarios», algo que, reconoce la directora de Urbanismo, es sólo «una utopía». Con respecto a la rehabilitación, desde el Ayuntamiento recuerdan que el Diagnóstico del barrio de La Paz, elaborado en 2018 por el Colegio de Arquitectos de la Región, concluyó que no había necesidad de demoler las edificaciones, salvo dos de ellas.

Por ello, el Ayuntamiento apuesta por un programa realista a medio y largo plazo que prime la rehabilitación para la puesta en valor del barrio y que tenga en cuenta los aspectos sociales. «No importa lo que se va a hacer en términos de infraestructura, rehabilitación o nueva construcción, si hay marginación social el barrio no mejorará», llega a decir la directora de Urbanismo. En la respuesta remitida al Defensor del Pueblo, el Consistorio llega a poner varios ejemplos exitosos en otras ciudades españolas: los planes de barrio de Madrid, Barcelona, Zaragoza o el proyecto Soy mi barrio y Raíces de barrio de Usera, o los proyectos de rehabilitación de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala; el ‘Urban’ de Leganés o el de Intervención en los barrios periféricos marginales en la ciudad de Valladolid.

En este sentido, el Ayuntamiento pone en valor que tiene constituida una mesa social integrada por técnicos y representantes municipales para seguir avanzando en los objetivos de integración social.