El Defensor del Pueblo investiga el abuso de las comisiones de servicio

El Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ayuntamiento de Murcia para solicitarle el número de trabajadores municipales que han sido nombrado a dedo en puestos provisionales desde hace más de dos años, lo cual contravendría la normativa aplicable. Lo hace a requerimiento del sindicato Somos Sindicalistas, que lleva meses pidiendo, sin suerte, al Consistorio esta cifra. Desde esta fuerza sindical sostienen que se trata de puestos «a dedo» que menoscaban los principios de igualdad, mérito y capacidad que se requieren para el acceso al empleo público y «una falta de respeto hacia multitud de funcionarios que tienen su derecho a promocionarse».

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Cabe recordar que la comisión de servicios es una forma de proveer un puesto de trabajo que ha quedado vacante, un mecanismo que sólo puede ser utilizado en casos de «urgente e inaplazable necesidad» por parte de funcionarios que reúnan ciertos requisitos (además permite ‘fichar’ a funcionarios de otras administraciones). Se trata por tanto de una provisión temporal y excepcional que no requiere de un proceso selectivo y que, de conformidad con la legislación, sólo puede tener una duración máxima de un año, con la posibilidad de ser prorrogado otro más, según lo establecido en el Real Decreto 364/1995.

Sin embargo, según ha podido saber esta Redacción, en el Consistorio murciano estarían trabajando bajo esta figura a cerca de 400 funcionarios (el 13% de la plantilla municipal), la mayor parte jefaturas de unidad o sección. Somos Sindicalistas ha pedido acceder a las motivaciones que dieron lugar a esos nombramientos para saber si estaban justificados o si por el contrario se trata del «dedo mágico», casi como si fueran puestos de libre designación. Advierten desde este sindicato que el Consistorio murciano podría seguir los pasos del Ayuntamiento de La Coruña, que está inmerso en un proceso judicial después de que la Fiscalía viera indicios de prevaricación administrativa en la asignación de centenares de puestos con este mecanismo. El caso gallego se remonta a varios años atrás. En 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de La Coruña estimó el recurso de un sindicato y ordenó el cese inmediato de todos los funcionarios que habían pasado más de dos años en esa situación. La sentencia afectó a cerca de 150 trabajadores, a los que se les obligó a volver a sus puestos originales.

El Ayuntamiento comunica que en este momento hay 386 puestos cubiertos de manera provisional

Desde Somos, de momento, no darán este paso de presentar una denuncia, y han preferido acudir al Defensor del Pueblo, pero advierten que esta institución «tiene la autoridad para dar traslado de este asunto al Ministerio Fiscal». Asegura esta fuerza sindical que si el Ayuntamiento continua mirando hacia otro lado, es muy probable que las comisiones de servicios en la capital regional acaben en los juzgados.

Por todo ello, desde Somos Sindicalistas exige al Gobierno de José Ballesta que «imponga la legalidad y se proceda a cesar los cargos y convocar de manera inmediata los procesos adecuados para cubrir las plazas que se pudieran estar ocupando a extramuros de la legalidad estando desde hace años en comisión de servicios y dejen de esconder una nefasta gestión detrás de la anterior Corporación municipal».

Según Antonio Rico, delegado de Somos en el Ayuntamiento, hay dos nombramientos que le han «chirriado» demasiado, porque «es posible que ni siquiera cumplan los requisitos mínimos que recoge la ley». En cualquier caso, Rico quiere dejar claro que su sindicato no cuestiona la capacidad de autoorganización de un ayuntamiento como el de Murcia, sino la forma en que está llevando a cabo este proceso. «Todo tiene sus límites», asegura el delegado, que sostiene que este tema se le ha ido de las manos al Ayuntamiento y que hay comisiones de servicio que se han eternizado. Según este delegado sindical, el ejercicio de esa potestad organizadora que tiene la Administración local no debe incluir llevar a cabo actuaciones que generen, con respecto a otros funcionarios municipales interesados en la cobertura de determinados puestos, «desigualdad o discriminación al no ser ofertadas las vacantes».

Desde Somos también aclaran que no tienen «nada en contra de estos trabajadores y que merecen todo su respeto en su labor diaria», y que circunscriben la responsabilidad de estas irregularidades a las decisiones del Ejecutivo local exclusivamente.

Cabe destacar que en los últimos días, el Ayuntamiento ha facilitado al sindicado Somos un documento, sin firmar, con la relación de puestos de trabajo cubiertos provisionalmente en comisión de servicios. En ese listado aparecen 386 puestos en esta situación. Desde Somos lamentan que después de tanto tiempo sólo les hayan remitido un informe incompleto (no incluye cuánto tiempo lleva cada persona en este puesto), «que no se ajusta a la realidad, sin validez jurídica alguna y sin que ningún responsable público lo avale».

Ante lo que consideran una obstrucción a su derecho a la información (también les han dejado fuera de la mesa negociadora), desde Somos ya están trabajando para presentar una demanda contra el Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales.