Condenan al Ayuntamiento de Murcia a indemnizar con 1,5 millones a una empresa fotovoltaica

El TSJ de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de Murcia a tener que abonar más de 1,5 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios, a la empresa Operating Business 2 por revocar su licencia para levantar en una parcela de más de 400.000 metros cuadrados (en el Plan Parcial ‘La Peraleja’) de Sucina una planta solar fotovoltaica. Además, la sentencia, a la que ha tenido acceso La Opinión, ordena al Consistorio a devolver el canon de garantía que entregó la empresa, cerca de medio millón de euros, y los intereses generados.

Los hechos se remontan al año 2009, durante la etapa de Miguel Ángel Cámara en la Glorieta, cuando la Junta de Gobierno aprobó la concesión demanial de la parcela a la empresa Solnueve Iniciativas Energéticas para la instalación de una planta de energía solar. En 2012 se autorizó la cesión de los derechos a Operating Business 2, y en 2017, tras ganar una subasta de renovables, la empresa modificó el proyecto para su ejecución.

El Ayuntamiento alegó en su momento que el proyecto amparado por la cédula urbanística de 2009 era totalmente distinto al del 2017, que contempla una ocupación mayor de la parcela público y una mayor potencia, con lo que el impacto territorial, paisajístico y medioambiental se verían más afectados. Esta modificación llevó al servicio de Obras y Actividades a advertir que se requería una autorización autonómica excepcional por razones de interés público, un permiso que no concedió finalmente la Comunidad. Sin embargo, la sentencia recoge que con o sin permiso excepcional, el proyecto no podía ejecutarse. «Los terrenos fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Murcia por cesión para finca de mejora ambiental (...) y el principal obstáculo es que la normativa urbanística no permite ese uso en la parcela», calificada como ‘parque forestal’, con presencia de aves rapaces y esteparias. Es decir, sólo hubiera sido posible con una modificación sustancial del Plan General de Ordenación Urbana.

Por tanto, en esta controversia, el TSJ da la razón a la empresa que sostiene que la misma Administración que le concedió la concesión es la que niega ahora la posibilidad de implantar el proyecto por considerar que las condiciones urbanísticas de la parcela son incompatibles con el objeto de la concesión. Además, desde la empresa aseguraron que el proyecto de 2012 y el de 2027 «es el mismo». La sentencia concluye que ha existido por parte del Ayuntamiento un cambio de criterio y le recuerdan al Consistorio que la concesión tenía una duración de 25 años prorrogables.

Por ello, la sentencia estima el recurso de Operating Business y declara la procedencia de resolver el contrato de concesión demanial, devolver las garantías prestadas en virtud del contrato, y reconocer el derecho de la recurrente a ser indemnizada en la cantidad de 1,5 millones de euros, con el interés legal correspondiente.

En su momento, la asociación Ecologistas en Acción denunció que este caso debería llevarse a Fiscalía ya que ha quedado demostrado que en un primer momento el Ayuntamiento pretendió cometer una ilegalidad al permitir esta instalación en un área protegida.

El PSOE extiende la responsabilidad a Ballesta y Navarro Corchón

A esta sentencia ha hecho este jueves referencia el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Enrique Lorca, que señala que el Consistorio tendrá que pagar más de 2 millones de euros a una empresa fotovoltaica "por la gestión negligente de un terreno que sabían perfectamente que era un área de conservación y mejora ambiental, con carácter de parque forestal y de espacio libre".

"Tras los convenios de la zona norte, la condena del edificio de Urbanismo y de su parking fantasma, que está al caer y costará 8 millones de euros, el PP de Ballesta vuelve a creerse que este es su cortijo y que les da igual saltarse las leyes. Su nefasta gestión no hay andamio de Navidad que lo tape", reprocha Lorca.

Aunque la tramitación de esta concesión se inició en 2009, Lorca sostiene que en 2019, siendo alcalde Ballesta y concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, "se informa favorablemente el proyecto, aun a sabiendas de que el uso no estaba permitido; es decir, que el PP trabajó proactivamente para desproteger un terreno que había recibido con la única finalidad de su protección ambiental". Para el portavoz socialista, si en 2015, cuando el equipo de Ballesta entra en el Gobierno, "en vez de dar una patada hacia adelante, como es habitual, se hubiese encarado el problema, no se habría puesto en riesgo un terreno destinado a la biodiversidad ni se hubiera llegado a tener que pagar por su voluntad de seguir esquilmando Murcia en beneficio de unos pocos".