El Ayuntamiento pedirá un préstamo de 32 millones para cuadrar el remanente negativo

La Comisión de Hacienda que se celebrará este miércoles viene cargada de asuntos cruciales para el devenir económico del Ayuntamiento de Murcia. No sólo está previsto que se trate el Presupuesto de 2023 con los grupos de la oposición, sino que también incluye decisiones de calado para gestionar el remanente negativo de tesorería.

Actualmente el remanente de tesorería, uno de los indicadores más importantes para valorar la solvencia financiera a corto plazo de una entidad local, arrastra números negativos en los últimos cuatro años. Este concepto se disparó durante la pandemia de la covid-19 y desde entonces ha lastrado las cuentas y las inversiones. En este momento, alcanza una cifra récord de 32 millones de euros. Esto obligó al anterior equipo de Gobierno de José Antonio Serrano a diseñar un Plan de Saneamiento Financiero, aprobado el 15 de julio de 2022 con una horquilla de ejecución de cuatro años, entre 2022 y 2026, y que incluía hasta 12 medidas. La receta de esas medidas es muy simple en su fondo: aumentar los ingresos (intensificando la inspección tributaria o con la venta de parcelas municipales) y reducir los gastos (ajustar los precios de las adjudicaciones o planes de contingencia energética) pero en la práctica es un plan lleno de complejidades e inconvenientes políticos. Sobre todo, en un año tan electoral como el de 2023. En total, el impacto de estas medidas de saneamiento estaba valorado en 83,5 millones de euros, pero poco o nada se ha hecho para hacerlo posible. De hecho, los populares reprochan al Ejecutivo anterior que no cumpliera con ninguna de estas medidas, sino todo lo contrario, que disparase el gasto, especialmente en los capítulos de Personal y Gasto corriente.

Los populares acusan a los socialistas de no haber cumplido ninguna de sus medidas para rebajar la deuda

Ante esta situación, el Gobierno del PP ha decidido desistir por completo de este plan financiero que fue presentado por el que anterior edil de Gestión Económica, Enrique Lorca, y afrontar el problema del remanente negativo de tesorería desde otra perspectiva.

Una de las medidas que va a adoptar el actual equipo de Gobierno será solicitar un ‘préstamo de legislatura’ por valor del importe en negativo, tal y como le ampara el artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales y resolver así «los problemas generados por el Ejecutivo socialista», indican fuentes del PP en referencia a los 32 millones de euros de deuda. Sobre el plan de ajuste financiero, estas fuentes explican que fue una mera «excusa para cuadrar el presupuesto» y que se ha revelado como algo «inútil, porque no han aplicado las medidas anunciadas, es más, han actuado contra sus propias medidas, que son las que ahora lastran las cuentas públicas, como son el incremento desmedido del capítulo de Personal, elevar el precio de los contratos públicos o no aplicar medidas de ahorro en el gasto energético, tal y como tenían previsto».

Por todo ello, la Concejalía de Hacienda, que ahora comanda el edil José Francisco Muñoz, ha decidido anular «el falso plan de saneamiento socialista que ha provocado que las cuentas públicas tengan tantas pifias». Los populares recuerdan que ya desde la oposición dijeron que se trataba de «un plan estético y sin utilidad».

Con el préstamo bancario de 32 millones de euros (con devoluciones a largo plazo) que se aprobará en la próxima Comisión de Hacienda, el Ejecutivo popular espera que, una vez corregida la deuda, tal y como obliga la Ley, se puede empezar a «construir desde el rigor y la credibilidad, con políticas eficaces, solventes y de estabilidad económica, el presupuesto de 2024».

Pago de 3,4 millones en condenas

Otro de los grandes asuntos que se verá en la Comisión de Hacienda es el pago de tres sentencias judiciales que suman 3,4 millones de euros. Según un informe de la Tesorería municipal, el pago de estas sentencias «puede producir un desfase que afecte gravemente» a la misma y alerta que estos desembolsos no se tenían en cuenta ni en el plan contable trimestral ni en el anual, por lo que se ha decidido solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la adhesión al Fondo de Impulso Económico (que permite financiar en condiciones ventajosas este tipo de condenas) por el importe de estas tres sentencias.

Por una de esas sentencias, el Ayuntamiento tendrá que pagar 2,45 millones (con intereses de más de 329.000 euros incluidos) a Finco Consultoría Financiera, sucesora procesal de Intersa, la empresa que construyó y gestionó hasta 2018 el aparcamiento subterráneo del Cuartel de Artillería por la amortización de la inversión no percibida tras rescindirse el contrato antes de tiempo. En su momento, el PP defendió esta operación recordando que la empresa entró en concurso de acreedores y que antes de que finalizase el periodo de concesión, el Ayuntamiento ya empezó a explotar el aparcamiento como bien propio, por lo que todos los beneficios generados y futuros van hacia el Ayuntamiento.

Las otras dos sentencias, (de cerca de medio millón de euros), hacen referencia a los costes de mantenimiento de unos avales relacionados con dos convenios urbanísticos: uno de ellos para la reclasificación de unos terrenos no urbanizables en el núcleo rural de El Escobar, y el otro vinculado al famoso convenio de la zona norte anulado entre la mercantil Mamusa y el Ayuntamiento de Murcia.