La época de las vacas gordas propició el desarrollo de una política urbanística basada en el aumento de edificabilidad con contraprestaciones para el municipio. Así, el Ayuntamiento firmó una serie de convenios urbanísticos para la zona norte. Uno de los más importantes fue el suscrito el 10 de julio de 2006 con las empresas Urbamur, Castillo de Larache SL, Fadesa Inmobiliaria SL, Desarrollos Urbanos SL, Mediterráneo Hispagroup SA, Tricinter Albamur SL y Andrés Muñoz Cánovas.
En el citado convenio se estipulaba que tenían que entregar al Ayuntamiento 71,8 millones, cantidad de la que ya han satisfecho 39,5 millones. El pasado 3 de abril de 2019 los administradores concursales de Fadesa, que está en liquidación, presentaron un escrito en el Ayuntamiento solicitando la resolución del convenio urbanístico de 2006 y la devolución de las cantidades pagadas más los intereses. La concejalía de Urbanismo no contestó a esta reclamación, y dicha sociedad decidió interponer un recurso contencioso administrativo el 15 de julio de 2019, que sigue su tramitación en el juzgado.
Los recurrentes, según ha podido saber este periódico, alegan que se ha producido una serie de incumplimientos del Ayuntamiento en cuanto a la aprobación y publicación del plan parcial y el plan especial, así como que tras la anulación judicial del Plan Especial de Infraestructuras la Administración local debería haber modificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) e incorporar las previsiones y obras recogidas en ese plan de infraestructuras. Añaden los demandantes que al no haber cambiado el Plan General no es posible el desarrollo del plan parcial estipulado en el convenio urbanístico. En definitiva, se ha producido una pérdida sobrevenida del objeto del convenio suscrito con el Ayuntamiento en 2006.
