Hacia la bancarrota, la ruina o la quiebra. Es a donde se encamina el Ayuntamiento tras una sentencia que ha ganado una promotora que suscribió un convenio en 2008 con la Administración local cuando era alcalde el popular Miguel Ángel Cámara para construir en la zona norte del municipio unas 5.000 viviendas.
Esa sentencia, que obliga a pagar a las arcas municipales casi 20 millones de euros a esta sociedad, puede servir de base al resto de promotoras, constructoras y empresas que firmaron convenios con el Ayuntamiento desde el 2005, cuando la burbuja inmobiliaria estaba en todo lo alto, y que pueden suponer un quebradero para la contabilidad municipal. La Administración local debería devolver más de 90 millones de euros, cantidades que esas sociedades han ido pagando en distintos ejercicios correspondientes a siete convenios urbanísticos, cuyos proyectos de construcción de viviendas no se han desarrollado.
En vez de bloques de pisos, casas, equipamientos y carreteras en toda la franja norte del municipio que debía ser desarrollada en virtud de esos convenios, junto a Nueva Condomina, sigue habiendo un erial de terrenos sin edificar a la espera desde hace lustros de que se iniciara y concluyera el planeamiento por parte de la concejalía de Urbanismo (planes parciales, proyectos de reparcelación y proyectos de urbanización). Hasta tres concejales han pasado por este departamento durante los mandatos del PP sin que se haya puesto ni un solo ladrillo y sin que se haya terminado la tramitación burocrática.
La situación económica generada en algunas de las empresas firmantes de los convenios y la lentitud de la tramitación del planeamiento para desarrollar los planes urbanísticos han dado lugar a que algunas de las sociedades firmantes se encuentren en concurso de acreedores, ante lo cual el Ayuntamiento en estos momentos tiene problemas para determinar quiénes deben asumir las obligaciones contraídas en esos acuerdos y también determinar si los avales presentados siguen siendo válidos o no. Un galimatías que en estos momentos ha dado un giro por la sentencia condenatoria que se ha producido.
La mercantil Mamusa, que firmó un convenio urbanístico en 2008 con el entonces alcalde, Miguel Ángel Cámara, y Espacio Avance llevaron al Ayuntamiento al Contencioso Administrativo el 18 de mayo de 2018 tras rechazar la concejalía de Urbanismo un escrito en el que solicitaron la resolución de ese convenio urbanístico por causas sobrevenidas que impedían su cumplimiento. En esa denuncia las empresas pedían también la restitución de las prestaciones de ambas partes y el reintegro de las cantidades abonadas, que suponen casi 20 millones de euros, según ha podido saber esta redacción, una elevada cantidad para un ayuntamiento que tiene en el capítulo de inversiones menos de 40 millones y que debería destinar casi toda la recaudación anual del Impuesto de Circulación (por ese tributo las arcas municipales obtienen 25 millones) al pago de esa ‘indemnización’.
En su recurso administrativo y en el contencioso presentado, Mamusa mantenía que el desarrollo urbanístico había decaído técnica y jurídicamente como consecuencia de la anulación del Plan Especial de Infraestructuras Comunes a los Sectores del Ensanche Norte de la Ciudad (PEI), un plan fundamental para la ejecución de las previsiones del convenio firmado.
El Plan Especial de Infraestructuras, que fue aprobado en julio de 2009 por el Ayuntamiento, fue anulado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que aceptó sendos contenciosos administrativos, interpuestos por otras dos empresas que firmaron convenios en la zona norte. Los fallos judiciales sostenían que las infraestructuras contenidas en el PEI eran básicas para el planeamiento y debían, por tanto, estar contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Tras rechazar la concejalía de Urbanismo el escrito de Mamusa, ésta decidió irse al contencioso hace dos años, una denuncia que ha obtenido un fallo favorable en la sentencia dictada por el juzgado número 1 en noviembre de 2020. En la resolución judicial se especifica que se debe abonar a la sociedad promotora las cantidades desembolsadas, al no poderse desarrollar su proyecto, liquidar el convenio suscrito y pagar además intereses.
El convenio suscrito por la mercantil que ha ganado el pleito al Ayuntamiento, que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), recogía un aumento de edificabilidad de los terrenos en la zona norte (cerca de 5.000 viviendas). A cambio, debía entregar 40,8 millones, así como la construcción de una instalación pública con un importe máximo de 800.000 euros.
El plan parcial de esta empresa se aprobó en pleno municipal en marzo de 2010 y supuso que se efectuaran los dos primeros pagos. En total casi 20 millones, dinero que la sentencia ha decretado que debe ser devuelto por parte de las arcas municipales.
El temor del Ayuntamiento en estos momentos, según fuentes consultadas por esta redacción, es que otros promotores de la zona norte consigan fallos similares en los tribunales, lo que supondría un quebranto para la hacienda local, en virtud de las cantidades que ya han sido abonadas por esos convenios.
Uno de los acuerdos suscritos con promotores para el desarrollo de la zona norte es el que permitió la rehabilitación del Casino, que costó 10,2 millones. Estas empresas, entre ellas, Agrumexport, ya han abonado al Ayuntamiento 3,9 millones de los 7,3 en total que contemplaba el convenio urbanístico, que le otorgó más volumen de edificabilidad a sus terrenos.
Casi 14 millones han entregado a la Administración local Urbamur, Visionaria y Obralia, en cuyo convenio se estipuló una aportación de 27,3 millones.
La sociedad constituida por Fadesa y otros promotores, como Castillo de Larache y Mediterránea Hispagroup, han pagado 39,5 millones de su convenio urbanístico, una cifra que en el caso de los promotores del convenio que posibilitó arreglar el Teatro Circo como contraprestación es de 9,6 millones. En total, las arcas municipales han recibido 91.477.417 euros, de los que casi 20 millones ya tienen que ser devueltos por sentencia judicial, aunque el Ayuntamiento ha recurrido en el TSJ para intentar revertir la situación y no tener que pagar 71 millones más hasta completar esos 91 si hay sentencias en su contra. En la corporación municipal existe una preocupación máxima por estos convenios a los que tendrá que dar respuesta el nuevo Gobierno local, encabezado por el socialista José Antonio Serrano, que ha heredado esta patata caliente de los anteriores gobiernos del PP regidos por Cámara y José Ballesta.
