Urbanismo

El Ayuntamiento de Lorca se querella contra el Ministerio de Transición Ecológica por las zonas de flujo preferente

El área jurídica del Consistorio entiende que es una incongruencia aprobar los Planes de Riesgo de Inundaciones en la Cuenca del Segura sin antes haber delimitado los cauces del Dominio Público Hidráulico  

Los concejales Meca y Hernández revisan la demanda junto a uno de los miembros del servicio jurídico del Consistorio.

Los concejales Meca y Hernández revisan la demanda junto a uno de los miembros del servicio jurídico del Consistorio. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Tal y como se anunciaba a finales del año pasado, el Ayuntamiento de Lorca ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para reclamar la revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Cuenca del Segura. En concreto, se solicita la revisión de la delimitación del dominio público hidráulico de los cauces que transcurren por el término municipal de Lorca y que desembocan en el río Guadalentín establecida en el Real Decreto 26/2023, un apartado "ineludible" para poder fijar correctamente las zonas de flujo preferente.

Esta reclamación viene motivada por el último mapa de zonas de flujo preferente frente a inundaciones hecho público por la Confederación Hidrográfica del Segura, que establecía un área de 3.000 hectáreas sobre las que solo se podrían llevar a cabo actividades agrícolas, afectando a numerosos vecinos del municipio y resultando, según estimaciones municipales, en pérdidas por valor de 100 millones de euros.

"Miles de vecinos del municipio que se pueden ver afectados, de manera definitiva, por el último mapa de zonas de flujo preferente frente a inundaciones hecho público por la Confederación, si no se atienden nuestras reclamaciones; reclamaciones que llevamos haciendo desde hace años", reseñaba al respecto María Hernández, edil de Medio Ambiente

Asimismo, cabe destacar que la parte demandada, el Ministerio de Transición Ecológica, tiene un plazo ahora de 20 días, para dar respuesta a la demanda, a través de la Abogacía General del Estado, aunque el proceso podría alargarse durante un año.

Los ediles Meca y Hernández comparecían junto a uno de los abogados del servicio jurídico municipal.

Los ediles Meca y Hernández comparecían junto a uno de los abogados del servicio jurídico municipal. / L.O.