En julio de 2020 todos los grupos municipales, sin excepción, “iniciamos una modificación del Plan general de ordenación urbano para ampliar las distancias de las macro granjas a poblaciones, colegios, centros de salud, ramblas y fuentes naturales, lo que parece sensato”, recordaba este sábado en declaraciones a LA OPINIÓN la concejal del grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín.
La modificación del Plan general ha durado más de un año. “Durante este tiempo, los gobiernos estatal y autonómico han aprobado normas sectoriales sobre medio ambiente y bienestar animal que nosotros estamos obligados a contemplar en el texto”, explicaba. Y ponía un ejemplo: “la gran industria porcina del Campo de Cartagena y sus depósitos de purines -una mezcla de heces, orina y restos de comida- que presuntamente no cumplen con la normativa y contaminan las aguas subterráneas, ha sido determinante para que la Comisión Europea ya avisara en 2018 del impacto que los nitratos estaban teniendo en la contaminación extrema del Mar Menor”.
Los cambios legislativos que esta situación ha ocasionado, insistía la edil, “deben incorporarse a la modificación del Plan general que aprobaremos el lunes en el Pleno. No hay engaño. Es una obligación legal”. Martín puntualizaba que “las distancias ganaderas que se someterán a votación son exactamente las mismas que se pactaron en 2020 por Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida-Verdes, Vox y Ciudadanos”.
Sin embargo, Partido Popular y Vox “se salieron del acuerdo (tras aprobarlo) después de que se celebrara una concentración de cien ganaderos en la Plaza de España frente al Ayuntamiento. No pensaron en ser responsables y ordenar lo que necesitaba ordenación en aras del interés general. Ellos, optaron por sacar rédito electoral. Eligieron los votos”, recriminaba Martín.
Las distancias de la polémica son estas: ‘Las nuevas explotaciones de ganado porcino no podrán instalarse, a menos de 1.500 metros del suelo urbano del núcleo de Lorca, de los núcleos de pedanías, colegios, centros de salud y consultorios médicos; a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas; a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas en el Inventario de cauces de la Región de Murcia’.
La edil de Izquierda Unida-Verdes señalaba que “entendemos que son necesarias, razonables y perfectamente viables en el segundo término municipal más grande de España”. Y añadía que “los ganaderos tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y a tratar de preservar su fuente de riqueza, faltaría más. Como otros, tenemos la misma legitimidad para buscar soluciones y que este sea un municipio mejor para el conjunto de la población, no para unos pocos”.
Martín también recordaba que Lorca soporta el 50 por ciento de toda la producción porcina de la Región de Murcia, “que ha aumentado un 17,7 por ciento desde 2015 animada por la crisis que la peste porcina produjo en China”. Y apuntaba a la cifra de “más de un millón de cabezas de cerdos distribuidos en un millar de macro explotaciones, con un consumo de agua superior al que los regantes obtienen de la desaladora de Águilas y un coste ambiental elevadísimo”.
