Investigan a un grupo organizado que compraba drogas en Valencia y Madrid para venderlas en Yecla
Tres de los cinco imputados piden a la Audiencia que los exculpe porque dicen no tener nada que ver con el narcotráfico
La Audiencia Provincial investiga a un grupo organizado de Yecla, integrado por cinco vecinos que, presuntamente, se dedicaban a adquirir drogas en Madrid y Valencia para posteriormente venderlas en la Región de Murcia.
La Fiscalía solicita penas que suman 68 años y medio de cárcel para los cinco supuestos miembros de la organización.
Se sospecha que los cinco hombres se desplazaban tanto a la capital de España como a la vecina Comunidad Valenciana para comprar allí estupefacientes (concretamente, cocaína y anfetaminas) con los que trapichear en la provincia de Murcia. Así se desprende tanto de las vigilancias policiales que, ante las fundadas sospechas, se llevaron a cabo, y que desembocaron con los arrestos, como de los registros domiciliarios efectuados en su día.
Fue en abril de 2017, en la localidad de Jumilla, cuando los agentes comenzaron a ver movimientos extraños por parte de los sospechosos. Estos sujetos, explicaron luego al juez los investigadores, «adoptaban diversas medidas de seguridad para evitar ser vigilados o seguidos, tales como pararse de repente para mirar hacia atrás sin motivo aparente, cambiar el sentido de la marcha de manera repentina o dar varias vueltas en las rotondas».
En mayo de 2017, en el registro en la vivienda de uno de los individuos, los agentes hallaron casi 20.000 euros, más de 7.000 gramos de cocaína y una balanza de precisión. También una pistola detonadora con su cargador.
Tres de los investigados recurrieron a la Audiencia Provincial. Aseguran no tener nada que ver con el tráfico de drogas. Uno de ellos llegó a alegar que su detención fue «graciosa»: que lo llevaron a Comisaría por su condición de inmigrante ‘sin papeles’ en España y que, en dependencias policiales, los agentes encargados de esta investigación lo reconocieron «por casualidad».
La Audiencia Provincial no les da la razón y les emplaza a dar sus explicaciones en la vista oral. Y es que «ni pueden extremarse en esta fase procesal las exigencias, anticipando valoraciones o conclusiones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral», subraya la sala en su resolución judicial al respecto.
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