La jueza cierra la investigación de la desaladora de Escombreras iniciada hace diez años

El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha concluido la instrucción de la causa de la desaladora de Escombreras, en la que está imputado el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, los exaltos cargos de la Comunidad Autónoma, asesores legales y directivos de las empresas del grupo ACS que intervinieron en los contratos del desaparecido Ente Público del Agua con las empresas promotoras de la planta. En un auto del 6 de febrero la magistrada, María del Mar Azuar, le había dado un mes de plazo, que finaliza el próximo jueves, a la Fiscalía, a la acusación popular y a los procesados para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

Al mismo tiempo, está pendiente de juicio la pieza separada de este mismo procedimiento contra el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel, cuya instrucción se había iniciado con posterioridad en el Juzgado de Instrucción número 1. Al exjefe del Ejecutivo regional se le ha pedido una fianza de 74,1 millones para hacer frente a los perjuicios causados por la desaladora, que Valcárcel recurrió.

La investigación judicial de la causa matriz en la que están procesados cerca de una veintena de antiguos cargos públicos, directivos de ACS y de los despachos de abogados que asesoraron al Ente Público del Agua presidido por Antonio Cerdá se inició hace ya más de diez años con una denuncia ante la Fiscalía presentada por el abogado Diego de Ramón. El letrado apartó los informes del Tribunal de Cuentas de los años 2010 y 2011, en los que se detectó que la Comunidad Autónoma estaba pagando por el agua de la planta una cantidad muy superior al precio de venta que cobraba a los ayuntamientos de Torre Pacheco y de Murcia, los dos únicos que llegaron a consumirla.

La desaladora de Escombreras solo ingresa 2,3 millones de los 37 que cuesta

Las primeras diligencias realizadas hace diez años por el ahora fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, antes de acceder a la jefatura de la Fiscalía, dieron lugar a los registros de la planta y de los despachos de los imputados, en los que se intervino la ingente documentación en la que se sustentan las acusaciones.

La magistrada ha tenido en cuenta los informes de la Intervención General, de la División de Intervención y Fiscalización, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y el elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía.

A los encausados les imputa los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude y fraude de subvenciones, además de falsedad.

La lista inicial se ha reducido con la exoneración de los socios murcianos de la empresa de ACS Hydro Management, que es la propietaria de la planta y que tiene un contrato firmado por el desaparecido Ente Público del Agua que obliga a la Administración regional a pagar una factura anual superior a los 30 millones de euros durante 25 años.

La desaladora de Escombreras y el SMS, los pozos sin fondo de la Región

La Comunidad Autónoma dejó de ser responsable civil subsidiaria y pasó a ser exclusivamente la institución perjudicada en la causa el pasado año, después de que la Audiencia Provincial estimara un recurso interpuesto por el letrado de la Administración regional que elimina la posibilidad de que la propia Administración regional tuviera que responder por los perjuicios económicos que han causado los contratos de la planta a las arcas públicas.

La planta de Hydro Management, que fue construida sobre unos terrenos de la Comunidad Autónoma y financiada con un crédito avalado por una ‘comfort letter’ de la Administración regional, está prácticamente inactiva debido a las limitaciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura a los regantes del Campo de Cartagena para evitar la contaminación del Mar Menor. Sin embargo, la propietaria ha seguido cobrando a la Comunidad decenas de millones al año.

Antes de dar por concluida la instrucción, la magistrada ha admitido una última diligencia a instancias de la Fiscalía para determinar los cambios introducidos en 2008 que llevaron a Tedagua, la empresa de ACS responsable de los canales de distribución, a realizar una inversión de 17 millones.