Valcárcel recurre la fianza de 74 millones impuesta para costear los perjuicios de la desaladora

El expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel ha recurrido la fianza de 74,1 millones de euros que le ha exigido el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia al ordenar la apertura de juicio oral para hacer frente a los perjuicios económicos que ha causado a la Administración regional la desaladora de Escombreras. Además de tachar la decisión de «caprichosa», la defensa de Valcárcel apunta que el bloqueo de su patrimonio «no será útil para garantizar ninguna hipotética responsabilidad civil, sino que más bien provocará la liquidación a precio de saldo de sus bienes».

Ante el riesgo de que se produzca un embargo, el letrado del expresidente, Fernando Adame, apunta que, además de dificultar «el resarcimiento efectivo» de los perjuicios causados a las arcas regionales, provocaría «irreparables daños en caso de que finalmente sea absuelto o incluso condenado al pago de una cantidad inferior, puesto que se habrá destruido por completo a una persona solvente mediante una actuación judicial totalmente inútil e irreflexiva».

También se queja en su recurso de «la ausencia absoluta de toda explicación en torno a la cuantificación de la fianza acordada» y aduce que la reclamación de esta cantidad resulta «caprichosa» y «provoca una indudable indefensión», además de resultar «un brindis al sol».

Valcárcel está acusado de los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en la pieza separada de la causa matriz de la desaladora de Escombreras instruida por otro juzgado (el número 5), en la que están procesados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, una veintena de exaltos cargos de la Comunidad, directivos de las empresas del grupo ACS que intervinieron en la gestación de los contratos de la planta y los asesores legales que participaron en el diseño jurídico de la operación.

En el auto notificado a finales del pasado mes de marzo en el que se ordenó la apertura de juicio oral contra el expresidente, la magistrada le reclama 74.194.332,55 euros de fianza como medida cautelar para hacer frente a los perjuicios causados por el contrato de la planta de Escombreras y ordenaba el embargo de sus bienes en caso de que aportara el dinero.

La magistrada remite a los cálculos de la Fiscalía y de la propia Comunidad Autónoma que han determinado esta cantidad teniendo en cuenta «la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros».

Apunta igualmente que «se trata de una cifra que es a su vez reclamada en el seno de otro procedimiento judicial paralelo (en el que está Cerdá) a diversas personas y entidades, duplicando así sin explicación alguna la supuesta cuantía indemnizatoria y provocando un ilícito beneficio solo comparable al irreparable daño que pretende causarse a los investigados».

Aunque contra el auto de apertura de juicio oral no cabe recurso, el letrado de Valcárcel defiende que sí es posible apelar contra la aplicación de una medida cautelar que considera injustificada y que únicamente serviría para impedir al expresidente «la obtención de ingresos periódicos por sus servicios, así como para bloquear por completo su situación económica, lo que a la postre, redundaría de hecho en un eventual perjuicio adicional para la causa derivada de la reducción de ingresos».

Añade que «la ausencia absoluta de toda explicación en torno a la cuantificación de la fianza acordada provoca una indudable indefensión» y «constituiría, sin género de duda, una vulneración del derecho de defensa del justiciable, que se vería privado de la posibilidad de recurrir la procedencia de una decisión cuyo contenido puede ser devastador».

También sostiene que el expresidente «desconoce por completo las razones, indicios o pruebas tenidas en cuenta por el Juzgado a quo para acordar la procedencia de dicha medida cautelar, así como su importe y demás extremos esenciales».

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