Mar Menor

Más del 50% de los regantes han acreditado que no contaminan el Mar Menor

El presidente de la CHS, Mario Urrea, confía en que el 90% de las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena envíen el informe antes de esta noche

Campos de regadío en el Mar Menor

Campos de regadío en el Mar Menor / Iván Urquizar

Jose Antonio Sánchez

Jose Antonio Sánchez

Hoy acaba el plazo prorrogado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para que los regantes de la cuenca vertiente del Mar Menor presenten su informe de cumplimiento de las medidas provisionales impuestas por el organismo de cuenca para evitar la contaminación de la laguna y del acuífero cuaternario situado debajo de los terrenos agrícolas. 

Mario Urrea, presidente de la CHS, aseguró ayer que, tras la nula respuesta a fecha 31 de diciembre por los agricultores del Campo de Cartagena, el último recuento situaba en más del 50% la superficie acreditada: «Ha habido un aumento significativo, pero vamos a esperar a que pase el plazo porque el último día se suele recibir bastante información».

«Me gusta hablar de superficie porque hay comuneros que no tienen mucha superficie y desde el punto de vista del daño al acuífero son menos representativos que uno que tenga mucha sobre el acuífero», remarcó Urrea, que entiende que se acreditará más o menos como el año anterior, esto es el 90% de la superficie controlada. Espoleado, en parte, por el mecanismo habilitado declaraciones responsables para las pequeñas explotaciones que se revisarán para comprobar que son correctas. Por último, adelantó que el sistema informático para realizar todas las declaraciones estará habilitado en octubre. 

Trabajo para el 1 de marzo

La CHS tendrá que revisar mañana que todos los regantes obligados a cumplir esas medidas cautelares han entregado el correspondiente informe. De no hacerlo, Confederación Hidrográfica del Segura seguirá el proceso que adelantó La Opinión. 

En primer lugar, se abrirá un expediente en el que los comuneros tendrán el tiempo reglamentario para presentar alegaciones. Y, si este proceso llega a fase de finalización tras su instrucción con propuestas de sanción, todas ellas serán «sanciones económicas». Además, en función de la tramitación del procedimiento, el expediente podría finalizar con el corte del suministro del agua procedente de la planta desaladora de Torrevieja.