Tribunales

Espaldarazo judicial a la FREMM en su enfrentamiento con la Inspección de Trabajo

La Tesorería de la Seguridad Social demandó a la Federación murciana al entender que los profesores que imparten sus cursos debían estar dados de alta como trabajadores por cuenta ajena y no como autónomos

Este caso había puesto en peligro el mantenimiento de la formación impartida cada año a más de 5.000 trabajadores y desempleados de la Región

Sede de la Fremm.

Sede de la Fremm. / L.O.

El Juzgado de lo Social Número 8 de Murcia ha desestimado la demanda planteada por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) por contratar como autónomos a los profesores que impartían sus cursos de formación, ya que Inspección de Trabajo entendía que debían estar dados de alta como trabajadores por cuenta ajena.

La demanda, de la que dio cuenta La Opinión en noviembre de 2021, puso en vilo a 13.400 centros de formación de todo el país, 825 de ellos en la Región que, como la Fremm, llevaban décadas contratando a este tipo de trabajadores como autónomos porque así estaba contemplado en la ley que regula la formación destinada a los trabajadores y desempleados. La Federación murciana alertó de que Trabajo podría reclamar a las instituciones que ofrecen cursos de formación la regularización con la Seguridad Social de todos los profesores que han pasado por estos centros en los últimos cuatro años, indicando que el coste de esta regularización podría poner en peligro la supervivencia de muchas de las instituciones que participan en los programas de Formación Profesional para el Empleo.

La patronal del Metal aseguró que el cambio de criterio de la Inspección sobre la adscripción del profesorado pone en peligro «el mantenimiento de los cursos de formación impartidos cada año a más de 5.000 trabajadores y desempleados de la Región, entre los cuales hay 1.000 jóvenes en paro adscritos al programa de Garantía Juvenil».

En una sentencia con fecha del 6 de febrero de este año a la que ha tenido acceso La Opinión, el juez Beltrán Bueno entiende que estos trabajadores no pueden ser considerados empleados por cuenta ajena porque "no están integrados en el círculo organicista, rector y disciplinario de la Fremm", ya que no tienen horario interpuesto por la empresa y, por tanto, no están sometidos a su control de horario del centro, no reciben órdenes ni instrucciones de trabajo por parte de un superior jerárquico ni pueden ser sancionados por un régimen disciplinario de la empresa.

Su retribución, además, está sujeta a resultados y varía en función del número de alumnos. "Esto es, no tienen salario garantizado y asumen, junto con la Fremm, el reintegro que supone la finalización de alumnos por debajo del límite establecido en la convocatoria que subvenciona la Administración. Únicamente reciben la retribución si la entidad cobra la subvención", especifica la sentencia, que recoge también que hasta "es posible la sustitución personal del profesor sin consentimiento de la empresa".

«Tampoco concurre la nota de ajenidad», agrega el magistrado, el hecho de que estos profesores "pueden aportar sus propios medios para la consecución del trabajo y asumen el mantenimiento y consumo, elaboran, en su caso, el manual o apuntes a entregar a los alumnos; y el centro de formación no adquiere la propiedad de dichos manuales". Incluso, los profesores tienen "libertad para ofertarlos y usarlos en otras acciones de formación que realicen también de forma directa fuera del centro de formación de Fremm a título lucrativo", reza la sentencia. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso

"El fallo aporta seguridad jurídica"

Fuentes de la Fremm consultadas por esta Redacción consideran que el fallo del Juzgado de lo Social Número 8 "aporta seguridad jurídica" a los centros de formación de toda España.  

Desde la patronal murciana se sostenía que la contratación autónomos era conforme a ley, además de una práctica generalizada en el sector de formación para el empleo en todo el territorio nacional. Incluso, siempre defendieron que este hábito supone una mayor calidad en la formación, al permitir la incorporación al ámbito formativo de profesionales y expertos de distintas áreas. 

Las mismas fuentes instan, además, a los órganos inspectores de la Administración a reflexionar antes de llevar a cabo actuaciones que pudieran tener una repercusión económica tan importante y esperan que la sentencia sirva como precedente en el futuro. 

La Federación lleva 35 años impartiendo formación a través de su CIFP FREMM, cualificando a una media anual de 5.000 trabajadores. De ellos, unos 1.000 son desempleados, con una inserción laboral tras su preparación del 80% y los 4.000 restantes son trabajadores formados en los avances del mercado.