Crisis del limón: los fondos de inversión, una de las causas de los bajos precios

Los precios de los limones que se pagan a los agricultores están por los suelos desde hace semanas y la situación empeoró hace unos días hasta el punto de que hay productores que acaban pagando para que se lleven sus propios cítricos (porque el precio que le ofrecen es bajo) o simplemente los dejan en el árbol sin recoger.

Esta es una situación que no solo se está dando en la Región, sino en todo el Levante. Una de las razones principales por las está ocurriendo esto es por la sobredimensión de la producción, es decir, hay más limones de los que el mercado puede absorber. El sector a nivel nacional considera que sobran 200.000 toneladas, pero Joaquín Rubio, presidente de la cooperativa El Limonar de Santomera, estima que son 300.000 toneladas.

Entre el coste de la producción y lo que le ofrecen al agricultor hay un gran abismo, denuncian todas las organizaciones agrarias. Pedro Gomariz, vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)-Iniciativa Rural en la Región (COAG-IR), apunta a que el coste real de producción está entre los 30 y los 35 céntimos y se está pagando entre los 15 y los 20 «y lo quieren bajar a 10», añade.

A la razón de la superproducción, que ha tirado los precios, se le ha sumado la llegada de numerosos fondos de inversión en los últimos años que invirtieron en este sector con la plantación masiva de limoneros. Gomariz explica que no solo controlan la producción, sino toda la cadena e incluso controlan el transporte, una situación que califica de «oligopolio».

Recalca que «no es que no se venda, es que se lo quieren llevar gratis», ya que «los fondos solo buscan el máximo beneficio en el menor tiempo posible, a los que llevamos varias generaciones trabajando la tierra, nuestra prioridad es conservar el patrimonio de cara al futuro», subraya. Añade que dada la situación habría que comprobar «qué está pasando» en los distintos eslabones de la cadena de suministro.

Aparece una montaña de limones tirados en una calle de Murcia y España estalla de indignación al descubrir el por qué

En su balance anual, en la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) se preguntaron qué pasará cuando estos fondos se vayan a negocios más rentables y el mercado se encuentre con que ya no quedan pequeños y medianos agricultores tras informar que en tan solo ocho años se han plantado 7 millones más de limoneros.

Joaquín Rubio explica que se está pagando el limón comercial por debajo de lo que se podría pagar realmente. «Con los agricultores se están cometiendo verdaderos asesinatos, es decir, se están pagando limones a 10-15 céntimos», lo que supone una gran pérdida de dinero para los agricultores.

Ellos están consiguiendo darle salida a los limones de los cultivos que forman parte de la cooperativa y defiende los precios por encima de lo que se está ofreciendo, pero tienen constancia de las dificultades de aquellos agricultores que iban por su cuenta frente a las grandes explotaciones y señala que las cooperativas son una parte pequeña dentro del sector en comparación con los grandes productores.

«Se van a quedar los grandes comercializadores con su finca, los agricultores que puedan defender los costes y los agricultores que estén dentro de las cooperativas. Toda la demás gente va fuera», apunta Rubio.

Aun así, quiere dejar un mensaje de tranquilidad frente a las voces que hablan del fin de la producción de limones en la Región. «Los comercializadores vamos a seguir teniendo el limón y la gente seguirá consumiéndolo, el tema es que la producción tiene que ir acorde a la demanda», dice. Cree que para este año ya no se puede remediar lo que está ocurriendo y entiende que ahí ya entrarían competencias del Estado.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Antonio Moreno, explica que algunos fondos de inversión son los que están detrás de esas grandes plantaciones que han llevado a esta sobreproducción, ya que para los pequeños y medianos agricultores es más complicado ampliar el número de limoneros. Aún así, le resta peso a los fondos sobre la situación actual.

Dice que se ha incrementado la superficie de los limones en los últimos cinco o seis años aproximadamente un 30%, pero que esto no es óbice para que no se cumpla la ley de la cadena alimentaria que prohíbe pagar por debajo del coste de producción a los agricultores. «Estamos detectando una situación de auténtico abuso de poder por parte de los puntos de venta que tienen el precio del limón alrededor de los 2,80 euros el kilo e incluso 3», afirma con contundencia.

Los propios agricultores se han hecho eco de la situación en las redes sociales y han compartido imágenes de limones que se regalan o que directamente se dejan tirados en el suelo. Entre ellos, está Juanvi Palleter que afirma que en la Región «hay burradas» de limones tirados por el suelo y achaca la situación a la competencia del producto procedente de terceros países.

Reclaman que la Administración actúe de oficio para aplicar la ley

Los agricultores a los que les ofrezcan por los limones un precio inferior al coste pueden denunciarlo ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) bajo el amparo de la Ley de la Cadena Alimentaria. Sin embargo, a Pedro Gomariz, de COAG, esto le parece una situación «irreal» porque los agricultores nunca van a denunciar a quienes les compran.

Por ello cree que la Administración debería actuar de oficio denunciando ella misma esos precios por debajo de la ley. También cree que debería darse un paso más allá con la normativa regulando hasta frenar esta situación.

Desde la Consejería de Agricultura explican que ellos solo pueden dar trámite de las denuncias que hubiera a la AICA. Por el momento, «no consta que la agencia haya abierto ningún expediente por esta cuestión». Señalan que realmente lo que la Ley de la Cadena habla es de ‘coste efectivo’ de producción, esto es el coste individualizado en cada explotación que aplica en cada operación de compraventa.

«Este coste efectivo dependerá de la superficie de la finca, del coste del agua y de otros insumos y lógicamente de los kilos/ha de esa finca. La propia AICA ya ha manifestado que no son de aplicación costes medios publicados», dice la Consejería.

¿Qué dice la ley?

La Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria fue calificada como «un hito» por el Ministerio de Agricultura. Una de sus medidas fue que los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos y la prohibición de destrucción de valor en la cadena alimentaria, que se extiende hasta el último eslabón de la cadena: la venta a los consumidores. El objetivo era lograr unos precios más justos para todos los operadores, en particular los que ocupan una posición negociadora más débil.