Casi 40.000 becarios de las universidades, de FP y del SEF cotizarán este año en la Región

Cerca de 40.000 estudiantes de las universidades públicas de la Región, de la Formación Profesional y de los cursos de formación del SEF tienen que cotizar a la Seguridad Social a partir de este 1 de enero. La Universidad de Murcia (UMU) se ha adelantado al resto de instituciones académicas españolas y daba de alta el pasado día 26 de diciembre a los primeros 2.040 estudiantes que están realizando prácticas en empresas e instituciones públicas en este momento, aunque prevé alcanzar las 10.000 en todo el año 2024. La Consejería de Educación afiliará a casi 28.000 alumnos.

Las nuevas obligaciones que han asumido las instituciones públicas ante las dificultades para encontrar empresas dispuestas a acoger a los alumnos exigen un despliegue de recursos técnicos e informáticos y de personal.  

La cuota se reduce a unos pocos euros al mes, pero la gestión de las inscripciones exige una gestión costosa

El coste de las cuotas a la Seguridad Social de los estudiantes que deben abonar es muy reducido y supone apenas unos pocos euros al mes, pero la gestión de las altas y las bajas y de las incidencias que puedan producirse supondrá una tarea añadida, que deben afrontar las universidades y la Consejería de Educación.  

 La Seguridad Social bonificará después el 95% de las cotizaciones y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará el 5% restante en 2024.

La gestión consistirá en notificar las altas y las bajas, junto con el cómputo de días de permanencia en la empresa de los estudiantes. La liquidación será trimestral.

En principio estaba previsto que fuesen las empresas y los organismos públicos que acogen a los becarios los encargados de abonar las cuotas, aunque finalmente han sido las instituciones académicas las que han asumido la labor de gestión, que comportará también gastos añadidos.

Tratan de asegurarse así de que sus alumnos van a encontrar compañías dispuestas a acogerlos tanto en los periodos de prácticas curriculares, que están incluidas dentro de los programas docentes, y de las que realizan los titulados después de acabar los estudios académicos.

La UMU calcula que realizará un desembolso de 300.000 euros, mientras que la Universidad Politécnica de Cartagena ha previsto un gasto de 50.000.

En los presupuestos

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo cuenta con una partida de 550.000 en los presupuestos para hacer frente al pago de las cotizaciones no bonificadas con el fin de «evitar que recaiga en las empresas».

El departamento de Víctor Marín también ha aprobado un convenio tipo de colaboración con las empresas colaboradoras que acogerán a los alumnos en prácticas.

El Gobierno ha aprobado una moratoria para dar tiempo a resolver las incidencias que puedan presentarse

La Consejería tendrá que gestionar a partir de ahora las cotizaciones de 14.000 estudiantes de FP, a las que suman las 13.837 de los alumnos de los cursos ocupacionales del SEF.

La UMU se ha adelantado al resto de universidades españolas, según ha informado la vicerrectora de Empleo, Alicia Rubio, y ha sido la primera que ha empezado a dar de alta a sus alumnos en la Seguridad Social. 

El pasado 26 de diciembre comunicó a la Tesorería la afiliación de 2.040 estudiantes que en este momento están realizando sus prácticas para asegurarse de que  estuvieran cotizando el 1 de enero. Alicia Rubio calcula que a lo largo de este año tendrán que hacer prácticas unos 10.000 alumnos. La mayoría de los becarios procede de facultades de Medicina, de Enfermería y de Educación. 

En el segundo cuatrimestre del curso prevé que habrá unos 5.000 alumnos en prácticas y a lo largo del año 2024 prevé que se alcanzarán los 10.000. La UPCT ha ofrecido 1.193 plazas de prácticas a sus alumnos y ha formalizado 190 contratos. En toda España tendrá que cotizar un millón de estudiantes. 

Hasta el 31 de marzo

El Gobierno ha aprobado una moratoria en el último Consejo de Ministros del año 2023 que amplía el plazo para notificar a la Seguridad Social las altas y las bajas de los alumnos en prácticas hasta el 31 de marzo, a pesar de que la obligación de cotizar está en vigor desde este lunes. Según ha explicado a La Opinión la vicerrectora de Empleo de la Universidad de Murcia (UMU), Alicia Rubio, esta moratoria permite ganar tiempo para resolver las incidencias que vayan produciéndose en los casos que resultan más difíciles, dado que la Administración central aún no ha dado respuesta a todas las incógnitas que están planteando las instituciones encargadas de gestionar la afiliación de los becarios. 

"Hemos tenido hasta fallecimientos en las prácticas"

Alicia Rubio recordó que la UMU ha venido planteando numerosas dudas al Ministerio para aclarar cómo se resuelve, por ejemplo, la situación de los Erasmus o de los alumnos que están adscritos a otros sistemas públicos, como los hijos de funcionarios de Muface. 

Las universidades públicas y las comunidades autónomas han tratado de conseguir que el Ministerio de la Seguridad Social aplazara la puesta en marcha de la cotización de los alumnos en prácticas con el fin de saber a qué atenerse en cada caso. Además, las cuotas deben pagarse por cada día de asistencia a las empresas, de igual forma que ocurre con los jornaleros del sector agrario.

Aunque la obligación de cotizar ha entrado en vigor este lunes, las inscripciones en la Seguridad Social podrán notificarse hasta el 31 de marzo. 

 La vicerrectora precisa que, además de gestionar las altas y las bajas, la UMU tendrá que asumir «el pago delegado» de las prestaciones a las que tengan derecho los alumnos durante sus prácticas, entre las cuales incluye, por ejemplo, la bajas por maternidad o por maternidad, que después compensará la Seguridad Social.

También prevé que «se produzcan posibles accidentes laborales, teniendo en cuenta que habrá 10.000 alumnos a lo largo del año. Estamos preparados para todo», asegura. «Hemos tenido hasta fallecimientos en las prácticas», apunta.

No obstante, Alicia Rubio señala que la UMU ha creado un grupo de trabajo con la Tesorería de la Seguridad Social que está facilitando la resolución de las situaciones más complicadas, lo que permite que haya «una comunicación muy fluida».

 La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya mostró su rechazo al decreto que estableció la cotización obligatoria para las prácticas no remuneradas y logró un aplazamiento de tres meses desde el pasado 1 de octubre, cuando estaba prevista la entrada en vigor de la medida. Hasta ahora, la legislación solo obliga a las empresas a pagar la Seguridad Social de los becarios que hagan prácticas remuneradas.