La Región de Murcia continúa siendo una de las comunidades con mayor tasa de pobreza de España. Un 26,3% de la población se encontraba en esta condición, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que la sitúa como la sexta con un mayor porcentaje, tan solo por detrás de Andalucía (29,1%), Canarias (29,4%), Extremadura (30%), Melilla (34,5%) y Ceuta (34,8%). La media nacional se situó en el 20,4%.

Además, un 31% de los habitantes de la Comunidad presentaba riesgo de exclusión social en 2022, un porcentaje que supera la media nacional, que se situó en el 26%. Se trata de una situación que se ha “cronificado”, pues la evolución del dato, si bien ha disminuido en términos globales desde 2014, cuando se situaba en el 44,5% en la Región y en el 30,2% en España, siempre se ha situado por encima, tal y como expone la estadística del INE.

Así lo advierte Manuel Hernández Pedreño, Director del Observatorio de Exclusión Social de la Universidad de Murcia (UMU) y del informe ‘2022-2023: Riesgo de Exclusión Social y Respuesta Institucional en la Región de Murcia’, en el que se han dado a conocer los datos.

Este documento también recoge que la Región de Murcia es una de las comunidades en las que es más difícil llegar a fin de mes. Con un 25,8% de la población, es la quinta, solo superada, una vez más, por Extremadura (26,1%), Andalucía (29,2%), Melilla (30,3%) y Ceuta (30,4%). Pese a ello, la tendencia también ha mejorado en este indicador. En 2008 se situaba en el 35,2%, 45,5% en 2014 y 32,5% en 2019.

Un modelo “poco eficaz”

La inversión en protección social, por su parte, se sitúa por debajo de la media nacional. En 2021 el gasto medio por habitante en este apartado fue de 247 euros, frente a los 312 euros que promedian el resto de comunidades. Sin embargo, la Comunidad tiene un nivel de gasto superior en salud y educación, con 1.901 y 1.140 euros, frente a 1.758 y 1.072 euros, respectivamente. En cuanto a educación, tal y como refleja el informe, el gasto ha demostrado tener una “escasa eficiencia”, teniendo en cuenta que la Región de Murcia “lidera el abandono educativo temprano, con la tasa más elevada de España (18,7% en 2022), seguida de Baleares”.

Esta situación se perpetúa en la Región pese al modelo regional de protección social que existe actualmente, el cual califican expertos y ciudadanos de “poco eficiente”. Según refleja el barómetro de opinión sobre los procesos de inclusión y exclusión elaborados por profesionales de la intervención social en el marco del informe, los murcianos suspenden la política social regional con un 4 y la estatal con un 4,8.

En busca de soluciones

Por otro lado, los encuestados consideran que para dar una solución a la exclusión social es de vital importancia abordar la cuestión desde cada ámbito de la protección social (vivienda, empleo, educación, salud, etc.) y no solo desde Servicios Sociales. También destacan la necesidad de aumentar el número de profesionales de la intervención social; de disponer de un Plan de Inclusión Social regional que se actualice periódicamente; de garantizar la alternativa habitacional a los colectivos en riesgo social que lo necesiten; de unificar en un solo procedimiento la valoración/acreditación de situación de riesgo social que solicitan distintos organismos y ayudas (SEF, Bono Social, etc.); de redefinir la Renta Básica de Inserción Regional para que complemente al Ingreso Mínimo Vital; y de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la intervención social.

Entre otras propuestas, también solicitan a las administraciones que asuman la responsabilidad de estas políticas y que “no las dejen en manos del Tercer Sector”. En el ámbito de la emergencia social, advierten, “no hay recursos institucionales necesarios para erradicar y atender emergencias en situaciones de vulnerabilidad”. También consideran imprescindible “corregir las grandes asimetrías territoriales que existen”.

En cuanto a los recursos que se destinan, aseguran que “queda la sensación de que pese a la cantidad que se destina, no somos efectivos, no hay coordinación y existen multitud de duplicidades”. Piden también más inversión en educación “como garantía de igualdad e inclusión y su papel de ascensor social”; políticas de empleo inclusivas; inversión en empleabilidad para los colectivos más vulnerables; un plan de vivienda a nivel regional para colectivos en desventaja social; e inversión en inclusión residencial (convivencia) en barrios con especiales características.