El exalcalde José Antonio Alonso y cuatro imputados de la Región quedan exculpados en una pieza de la Púnica

El exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso y otros cuatro imputados en la trama Púnica de la Región han quedado exculpados en uno de los procedimientos de la causa. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado las acusaciones contra unas cuarenta personas de diferentes ayuntamientos que aparecían como acusados en la pieza separada número 10, en la que se han investigado las actuaciones del exregidor cartagenero que estaba al frente de las empresas dedicadas a ofrecer a los altos cargos del PP servicios para mejorar su reputación a través de medios digitales.

También han sido exculpados antiguos colaboradores de la exalcaldesa y exsenadora Pilar Barreiro y del expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez.  

Barreiro y Sánchez habían quedado absueltos hace años en otro procedimiento de la causa principal, aunque para entonces el exjefe del Gobierno regional ya había tenido que dimitir en abril de 2017 al ser acusado de haber mantenido contactos con los promotores de la empresa Madiva, aunque no contrató sus servicios.

Ahora el juez de la Audienca Nacional ordena el sobreseimiento de la pieza separada en la que fueron investigados alcaldes de Madrid y de la Comunidad Valenciana, además de los cabecillas de la trama, entre los cuales figuraba el excalde José Antonio Alonso y su hermano Agustín.

En la relación de exculpados aparecen igualmente la actual directora general de Comunicación del Ejecutivo regional, Mar Conesa, que trabajó en un medio digital durante una campaña electoral de Pilar Barreiro; el entonces jefe de gabinete de la exalcaldesa, Francisco Ferreño; y el antiguo colaborador de Pedro Antonio Sánchez David Conesa.

García Castellón alude en el auto difundido este lunes a los argumentos recogidos en la sentencia de la Púnica de León, en la que también quedó absuelto José Antonio Alonso, y apunta que "la precariedad de los indicios acumulados una vez concluida la instrucción" no permiten apreciar "la existencia de un concierto para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria que pudiera encajar" en los delitos de falsificación de documento mercantil, prevaricación o cohecho.

Según indica el magistrado, la decisión sobre si estos contratos tienen o no una entidad penal para tipificarlos como delito de malversación reside en "la dificultad de disociar el nombre de la persona y el cargo" que ocupan los responsables públicos. "Resulta especialmente difícil disociar en el ámbito de las redes sociales a la persona misma del cargo que ocupa y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública”.

 En la causa principal estaban imputados el exconsejero del Gobierno regional Juan Carlos Ruiz, además varios altos cargos de su equipo en la Consejería, que fueron procesados, junto con José Antonio Alonso.