El cartagenero José Antonio Alonso queda absuelto en la pieza de la Púnica de León

La Audiencia Nacional ha absuelto al exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso en la pieza separada abierta por la actuación de la trama de la Púnica en la Diputación de León. Ha condenado a las penas de inhabilitación por un delito continuado de prevaricacióna cuatro de los seis acusados del caso 'Púnica León', en el que se investigaron los contratos de reputación online en la corporación provincial.

Uno de ellos es el expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón a quien el tribunal impone una pena de 8 años y medio de inhabilitación especial con la atenuante simple de dilaciones indebidas.

También está condenado el conocido como 'conseguidor' de la 'Púnica', el informático y consultor Alejandro de Pedro. La Sala le impone la pena de cuatro años y tres meses de inhabilitación, mientras que absuelve a José Antonio Alonso, socio de De Pedro en las empresas Madiva y EICO, así como a la trabajadora de estas compañías Guadalupe Caballero.

El cartagenero José Antonio Alonso, que está procesado también en la pieza murciana de la trama Púnica, estaba acusado en el proceso de León de los delitos continuados de fraude a la Administración, prevaricación administrativa, falsificación en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos y cohecho.

La Sala absuelve a todos ellos, en contra del criterio del fiscal, de los delitos continuados de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho.

Además del exalcalde de Cartagena, en la pieza murciana de la Púnica también están acusados el exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz, la que fue directora de Turismo María Dolores Martínez, y el jefe de gabinete de la Consejería.

Fueron exculpados el expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez, que había tenido que abandonar la presidencia del Ejecutivo regional en 2017 para evitar una moción de censura al ser imputado en la trama, y la exalcaldesa de Cartagena y exsenadora del PP, Pilar Barreiro.

A través de la mercantil Madiva, de la que también era administrador Alejando de Pedro, y que era dueña de diversos medios de comunicación digitales, se realizaban los trabajos de publicidad contratados por los clientes para mejorar su reputación.

Según se recoge en la sentencia, "en fechas no determinadas, pero en todo caso a partir del año 2012, el acusado Alejandro de Pedro contactó con la anterior presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco Lorenzo, con el fin de prestarle sus servicios de publicidad online".

Estos servicios consistían, "por un lado, en la inserción de 'banners' de publicidad institucional de la Diputación de León en medios de comunicación digitales, especialmente en 'noticiasvalladolid.com' y 'salamancatodonoticias.com'; y por otro lado, en la 'colocación' en redes sociales e Internet de las noticias de prensa emitidas por el gabinete de prensa de la Diputación de León, con la finalidad de dar una mayor publicidad de las actividades institucionales de sus respectivos presidentes, Doña Isabel Carrasco Lorenzo, primero, y posteriormente Marcos Martínez Barazón en el periodo de tiempo al que se ciñe en presente procedimiento".

Isabel Carrasco murió asesinada en pleno centro de León a causa de los disparos que recibió y fue sustituida por Martínez Barazón.

Según la sentencia, las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público van de los 4 años y 3 meses a los 8 años y medio en esta pieza de la Operación Púnica que se centró en la provincia de León.

Así, además de a Martínez Baranzón también condena a quienes fueran coordinador general e interventor de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez, respectivamente.

Fue el pasado mes de febrero cuando este juicio, que se celebraba desde noviembre de 2022 por las presuntas corruptelas de la trama 'Púnica' en los trabajos de reputación online para dirigentes de la Diputación de León y en los contratos de la estación de esquí de San Isidro, quedaba visto para sentencia.