Migración
Cruzada del PP contra el Gobierno de España por dejar en libertad a los 445 inmigrantes
Murcia, Cartagena y Lorca critican su traslado a estos municipios
Piden la comparecencia de Marlaska en el Congreso y en el Senado
Dirigentes del PP, ayer en la sede del partido de la calle González Adalid. L.O. / JAIME FERRÁN
Los gobiernos locales de Murcia, Cartagena y Lorca, así como el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y diputados y senadores del Partido Popular se unieron ayer para atacar al Gobierno de España por el protocolo seguido tras la llegada de 445 personas en patera la semana pasada. Tras su paso por el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de la ciudad portuaria, todas han sido puestas en libertad y distribuidas entre las tres principales ciudades de la Región: Murcia, Cartagena y Lorca.
Lo que más ha airado en San Esteban ha sido, sin duda, lo que consideran una falta de transparencia: «Hemos visto durante este fin de semana lo que ha pasado y nadie nos informa», afirmó ayer el jefe del Ejecutivo murciano, quien tachó de «inconcebible» que «tengamos que leer por los medios de comunicación las personas que han llegado, si se han podido identificar, si no, o si han tenido que llevarlas a las estaciones de autobús de distintos municipios de la Región de Murcia».
Mientras tanto, reprochó que «nadie de la Delegación del Gobierno ni del Gobierno de España ha dado una sola explicación». Asimismo, criticó el «déficit» de medios y recursos humanos del CATE de Cartagena y aprovechó para pedir al Gobierno de España que invierta «más recursos» .
En el Ayuntamiento de Murcia, por su parte, advierten de la «alarma social» que se está creando. «Nos enteramos por los medios de comunicación y por las llamadas de vecinos y asociaciones. No sabemos dónde están y desconocemos si ha habido algún tipo de protocolo, si han pasado un control sanitario o si han sido atendidas por una ONG», denunció el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, en una rueda de prensa con dirigentes de las Cortes Generales y ediles de Cartagena y Lorca.
«El único protocolo que conocemos del Gobierno de Pedro Sánchez es tratar a estas personas como paquetería. No lo vamos a consentir», aseguró.
El Consistorio murciano ha solicitado por escrito, tanto al Ministerio del Interior como a la Delegación del Gobierno, que aporten información sobre qué organismo ha ordenado el traslado hasta Murcia de los inmigrantes, en qué condiciones se produjo dicho traslado, a qué punto de la ciudad fueron trasladados, cuál es su paradero actual, si han recibido algún tipo de atención social, cuál es su país de procedencia y qué controles sanitarios han pasado.
Fulgencio Perona reconoció no haber tenido constancia de ningún altercado en el que estos inmigrantes pudieran haber estado implicados.
El concejal de Hacienda, Educación, Cultura y Portavocía del Ayuntamiento de Cartagena, Nacho Jáudenes, indicó que, como «lo que hemos visto estos días no es un problema que afecte solo a Cartagena», ha de ser el Gobierno de España el que dé respuesta.
«Exigimos al delegado del Gobierno que dote de más medios a nuestra Policía Nacional, que son los que están en primera línea y los que se están jugando el tipo. Es obsceno recordarlo, pero estamos hablando de vidas humanas y no solo de cifras y de números», subrayó el edil cartagenero.
Desde la Ciudad del Sol, el alcalde, Fulgencio Gil, calificó de «auténtica canallada» el «abandono» de unos 40 inmigrantes por las calles del municipio este fin de semana y acusó a la Delegación del Gobierno de ordenar que los migrantes fueran «abandonados a su suerte» en la madrugada del sábado al domingo «con nocturnidad, alevosía», sin recursos y sin ninguna comunicación previa ni al Ayuntamiento ni a la Policía Local.
A pesar de que reconoció que los extranjeros están durmiendo a la intemperie y vagando por las calles del centro, se mostró incapaz de hacer nada para remediarlo «porque no sabemos quiénes son ni dónde están».
Gil afirmó que Lorca, con casi un 25% de ciudadanos extranjeros, «no puede soportar más presión migratoria» y dijo que la política del Gobierno central de «abandono de personas» está chocando con el trabajo del Ayuntamiento para erradicar focos de insalubridad e infraviviendas.
En su comparecencia acusó al Ejecutivo central de aplicar «el modelo Lampedusa», lo que considera «una violación de los derechos de los seres humanos».
Protocolo ilegal, según Bernabé
El senador del Partido Popular Francisco Bernabé denunció que «con Pedro Sánchez, la Región se está convirtiendo en una autopista para la libre circulación de la inmigración ilegal, generando un efecto llamada de proporciones incalculables a día de hoy».
Denuncia que «cientos de ‘pateristas’» han llegado en las últimas fechas y «se les está dejando en libertad contraviniendo lo regulado en la Ley de Extranjería vigente», que establece de «forma taxativa» que los inmigrantes, una vez que prestan declaración ante la Policía Nacional, «deben ser retenidos en un centro de internamiento para, posteriormente y transcurrido los plazos legales, ser devueltos a su país de origen, previo el oportuno expediente de expulsión».
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de preguntas y se ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado «para que dé explicaciones».
Vox: «No vienen a buscar trabajo, se trata de mafias ilegales»
«Estamos hablando de mafias, de que la gente que viene de forma ilegal no es gente que viene a ganarse la vida aquí. No vienen a intentar buscar trabajo, se trata de mafias ilegales». Con esta claridad se manifestó ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, que se refirió ayer a la «situación de inseguridad» que se está viviendo en Cartagena por la llegada de pateras a las costas de la Región, aunque en la ciudad portuaria no se ha registrado ningún incidente protagonizado por estas personas.
También dijo que «las características del inmigrante ilegal no son personas que están buscando refugiarse por razón de religión, orientación sexual», sino que se trata, según él, de «personas que están huyendo de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y delincuencia».
Desde Vox consideran que, el delegado del Gobierno de España en la Región debe dimitir de forma «inmediata». Pero antes, Alpañez solicita la comparecencia en la Cámara murciana de Francisco Jiménez para que dé explicaciones.
El dirigente de Vox llegó a comparar esta situación con la ley del ‘solo sí es sí’: «Es la política del Partido Socialista, la de sacar a ilegales a la calle. Los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, sobre todo, inmigrantes se multiplican por más de cien».
De esta forma, Vox propone «mecanismos ágiles para que estas personas sean repatriadas a sus países de origen, cosa que no está haciendo la oposición».
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