Valcárcel quiere que declaren 82 testigos en el juicio de la desaladora

El expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel ha pedido al juzgado que instruye la pieza separada de la desaladora de Escombreras que cite como testigos a 82 exalcaldes, antiguos altos cargos del Gobierno regional, socios y directivos de las empresas promotoras de la planta e incluso al agente de la UDEF autor del informe en el que se fundamentan las imputaciones contra él y contra los demás procesados. También quiere que declaren en el juicio cuatro peritos.

La Audiencia Provincial ha confirmado las acusaciones contra Ramón Luis Valcárcel y contra los 17 imputados y ocho empresas investigadas en el caso La Sal por presuntas irregularidades en los contratos de la planta de Escombreras en los dos procedimientos que están pendientes de juicio. En la causa principal, que ha investigado el Juzgado de Instrucción número 5, están procesados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y más de una quincena de antiguos directores generales de la Comunidad y directivos y socios de las empresas y de los despachos de abogados que participaron en la elaboración de los contratos de la desaladora. Años después de iniciarse la investigación se abrió la pieza separada de Valcárcel.

En el escrito de defensa que el exjefe del Ejecutivo regional ha remitido a la magistrada solicita la libre absolución y señala «la nulidad de pleno derecho del procedimiento» al considerar que se han visto vulnerados sus derechos constitucionales «como consecuencia de la incorporación de las diligencias practicadas» en la causa principal, en las que dice que no ha sido parte.

Pilar Barreiro, Miguel Ángel Cámara y Pedro Antonio Sánchez forman parte de la lista de exregidores

Entre los exalcaldes que propone como testigos de su defensa figuran la exregidora de Cartagena y exsenadora Pilar Barreiro, el expresidente y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y los exregidores Miguel Ángel Cámara, de Murcia; Francisco Blaya, de Mazarrón; Lázaro Mellado, de Alcantarilla; Víctor Manuel López y José Bolarín, de Ulea; Simón Alcaraz, de Aledo; Rafael Laorden, de Blanca; José Martínez García, de Librilla; Eduardo Contreras, Molina; y Pedro Coll, de Beniel, entre otros.

También incluye a los exconsejeros del Ejecutivo regional Antonio Cerdá, Fernando de la Cierva, Inmaculada García, Juan Carlos Ruiz y Juan Bernal.

En la relación de altos cargos figuran el exinterventor Eduardo Garro y los exsecretarios de la Consejería de Hacienda Juan José Beltrán y Luis Martínez de Salas, además de los antiguos responsables del Ente Público del Agua, como Amalio Garrido y José Manuel Ferrer, y otros exdirectores.

Aparecen igualmente los abogados de los despachos que participaron en la elaboración de los contratos que impusieron unas condiciones leoninas a la Comunidad, además de los directivos de las empresas del grupo ACS y de los accionistas murcianos, como Miguel Caballero, Juan Jódar y Tomás Bourchert.

También aparecen en el listado el expresidente de la CHS José Salvador Fuentez Zorita y el excomisario de Aguas Manuel Aldeguer. Entre los cuatro peritos incluye al catedrático de Derecho Mercantil Francisco José Alonso.

Diego de Ramón reclama el embargo de todos sus bienes

El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en la causa principal del caso La Sal y en la pieza separada en la que está acusado el expresidente Ramón Luis Valcárcel, ha solicitado el embargo preventivo de todos sus bienes y cuentas bancarias en caso de que no deposite la fianza de 74,1 millones que le ha pedido la magistrada para hacer frente a a la responsabilidad civil por los perjuicios que la desaladora de Escombreras ha causado a las arcas de la Comunidad Autónoma.

Diego de Ramón ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 en el que solicita el embargo de todas las propiedades, además de los sueldos y pensiones y de los depósitos que pueda tener en sus cuentas bancarias el expresidente.

El letrado que presentó la denuncia ante la Fiscalía que dio lugar a la apertura de la investigación judicial también ha pedido a la magistrada que a través del Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España se investigue si Valcárcel «tuviera cuentas, depósitos, fondos de inversión o cualquier otro producto en bancos extranjeros de América y de Europa».

Por su parte, el expresidente de la Comunidad que fue vicepresidente del Parlamento Europeo había presentado un recurso contra la fianza de 74,1 millones, en el que señalaba que el bloqueo de su patrimonio «no será útil para garantizar ninguna hipotética responsabilidad civil, sino que más bien provocará la liquidación a precio de saldo de sus bienes».