El PSOE estudia llevar las granjas de cerdos sin control a los tribunales

El caso de las autorizaciones para ampliar el número de cerdos en 70 explotaciones ganaderas de la Región de Murcia sin pasar una evaluación ambiental ha provocado las primeras reacciones políticas por la polémica generada. El PSOE considera que la Comunidad ha cometido «una ilegalidad» aprobando los cambios de orientación productiva de decenas de granjas porcinas sin llevar a cabo antes el trámite de autorización ambiental integrada y el de evaluación de impacto ambiental. 

Por ello, el partido estudia llevar el caso a los tribunales por un posible delito de prevaricación. «Sabían que estaban incumpliendo la ley, pero aún así lo hicieron porque estaban en campaña electoral y priorizaron conseguir votos a toda costa. Ahora, una vez que las elecciones autonómicas han pasado, dicen que se han equivocado», señala José Velez, secretario general de los socialistas murcianos. 

La Comunidad autorizó durante años el aumento de cerdos en granjas sin medir su impacto ambiental

La Comunidad ha admitido ahora estos cambios en el modelo de producción de 70 granjas sin controlar los posibles daños ambientales. Esto ha supuesto que durante un año se esté llevando a cabo una revisión de oficio de todos los expedientes tramitados. El consejero de Ganadería, Antonio Luengo, ha señalado que su departamento está «regularizando y adaptando a la norma actual» las explotaciones. 

Vox critica la anulación de los permisos para llevar a cabo un cambio de producción en las explotaciones

Vélez cree que, además, «criminalizaron y atacaron a quienes advertían que no era legal». Para el secretario autonómico del PSOE, «lo que es peor es que el Partido Popular, sabiendo que era una ilegalidad, mintió a los ganaderos y los lanzó contra el equipo de gobierno del alcalde Diego José Mateos, que estaba haciendo un magnífico trabajo para defender los intereses del sector». 

Por su parte, Izquierda Unida ha pedido la dimisión del consejero en funciones, Antonio Luengo, por omitir estos trámites ambientales. «Luengo debe explicar, en sede parlamentaria, a que obedecía que la administración ambiental no exigiera estos trámite», señala el coordinador regional del partido, José Luís Álvarez-Castellanos, para quien existe «un presunto delito de prevaricación administrativa». Desde IU-Verdes han denunciado el desprecio del Gobierno regional al deber de proteger el medio ambiente.

Vox, por su parte, ha criticado la anulación autonómica de las autorizaciones previamente concedidas para la ampliación de 23 granjas de porcino de la Región porque no se midió el impacto ambiental de la medida, que «afecta directamente a los ganaderos de Lorca» en una decisión que tendrá «efectos devastadores» sobre la economía de estos productores.