Ministerios, consejerías y poder judicial reclaman a la UMU que pague las cuotas de las prácticas

El curso académico ha finalizado pero en la Universidad de Murcia (UMU) ronda la preocupación de qué ocurrirá a partir del 1 de octubre, cuando los estudiantes comiencen a cotizar a la Seguridad Social por realizar sus prácticas externas. El coste de estas cuotas debería asumirlo la empresa o institución donde se formen, según el espíritu de la normativa que sacó adelante el Ministerio de José Luis Escrivá para evitar fraudes y abusos a los más jóvenes en el mundo laboral.

Sin embargo, el decreto aprobado este año recoge la posibilidad de que la compañía o institución pacte con la universidad para que esta asuma la cotización a la hora revisar los convenios de prácticas. Esta opción es por la que ha apostado el propio departamento del ministro Escrivá, promotor del real decreto, en el caso de los alumnos de la UMU que se forman en las delegaciones de la Seguridad Social e Inclusión en Murcia.

Y es que al menos tres ministerios, incluidos el de Defensa, que dirige la socialista Margarita Robles, y el de Consumo, controlado por el dirigente de Unidas Podemos, Alberto Garzón, han reclamado a la UMU que se haga cargo de estas cuotas. No sólo el Gobierno central está apostando por esta vía para cubrir las cuotas, sino también las consejería del Gobierno de la Región de Murcia, cuyos acuerdos con la Universidad permiten realizar prácticas en los centros escolares, en el caso de Educación, o en el Servicio Murciano de Salud.

La UMU tiene 10.000 alumnos en prácticas curriculares cada año, es decir, formación obligatoria que deben cursar para obtener el título, mientras que otras 2.000 son extracurriculares (voluntarias). Uno de los inconvenientes principales es que el 60% de las curriculares se realizan en administraciones públicas. Incluso el problema llega hasta el poder judicial, ya que estudiantes de Derecho llevan a cabo prácticas con jueces y fiscales, y los tribunales de la Región han escogido el mismo camino sobre la cotización.

Prácticas "comprometidas"

El rector de la UMU, José Luján, puso de manifiesto este problema ayer en el Consejo de Gobierno, ya que la Universidad no tiene dinero para asumir esas cuotas aunque estén bonificadas al 95% por el Estado. Tampoco hay protocolos para dar de alta y baja a los estudiantes ni instrucciones claras a día de hoy, señala Alicia Rubio, vicerrectora de Estudiantes y Empleo: «Sólo existen unas directrices sobre las que estamos trabajando pero nuestro objetivo es una prórroga para el pago de esas cuotas».

Luján, que estrena el cargo de portavoz de la Conferencia de Rectores, se reunió con el Ministerio de Universidades el pasado jueves para tratar este asunto. El departamento de Joan Subirats estaría apretando al de su compañero Escrivá para aprobar un aplazamiento, como así lo han reclamado todas las universidades españolas. En el caso de la Politécnica de Cartagena, el impacto es mucho menor al tener a la mayoría de sus estudiantes con prácticas en empresas y cotizando de antemano.

Las universidades quieren lograr una prórroga antes de que el Gobierno se meta de lleno en la campaña electoral de finales de julio. Rubio no descarta que de cara al próximo curso las prácticas curriculares de algunos títulos puedan verse comprometidas.