Igualdad exige que los hospitales murcianos garanticen el derecho al aborto

El Ministerio envía una carta a todas las comunidades para que apliquen la reforma de la ley, aprobada en febrero

La Ley obliga a garantizar la interrupción del embarazo en hospitales públicos.

La Ley obliga a garantizar la interrupción del embarazo en hospitales públicos. / L. O.

Ana García

Ana García

El Ministerio de Igualdad ha enviado este miércoles una carta a todas las comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, para exigirles que ejecuten "urgentemente" todas las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo contempladas en la reforma de la ley del aborto, aprobada el pasado febrero, y entre las que se incluía que las mujeres tienen derecho a abortar en hospitales públicos, frente a la tendencia generalizada en la mayoría de las autonomías de derivarlas a centros concertados.

En este caso, Murcia se sitúa como la autonomía que menos interrupciones voluntarias del embarazo lleva a cabo en la red pública. Los datos relativos al año 2021 (últimos que hay disponibles) muestran que en 2021 sólo se practicó un aborto en hospitales públicos, aunque desde la Consejería de Salud eleva esta cifra a 9 interrupciones del embarazo, todas ellas por encima de la semana 22 de gestación.

La modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo contempla que las mujeres tengan garantizada la posibilidad de abortar en la sanidad pública y lo más cerca posible de su domicilio.

Según las cifras que maneja Salud del último informe del Ministerio de Sanidad, en 2021 se realizaron 3.267 interrupciones de embarazo entre el sistema público y las clínicas murcianas que tienen concierto con el SMS, pero sólo 9 de estos, según los datos de la Consejería, se hicieron en hospitales públicos. No obstante, desde el departamento que dirige Juan José Pedreño insisten en que "en la Región de Murcia se cumple la Ley vigente y cualquier mujer que precise una interrupción del embarazo por causas médicas es atendida en la Región".

Nuevo contrato del SMS

La aprobación de la reforma de la ley del aborto tuvo lugar el pasado febrero, pero sólo unos meses antes, en junio de 2022, la Consejería de Salud había firmado un nuevo contrato con una duración de cuatro años y un valor de 6,5 millones de euros para derivar las interrupciones del embarazo a tres clínicas concertadas. El contrato firmado en junio de 2022 establece que en los embarazos de hasta la semana 14, los abortos se derivarán a las clínicas Géminis Planificación Familiar y Delta Médica (Ginemur). Mientras que las interrupciones del embarazo que vayan de la semana 15 y la semana 22 se practicarán en el Instituto Ginecológico de Murcia. 

Este último contrato introdujo algunos cambios en la asistencia a estas mujeres, ya que los abortos a partir de la semana 22, que hasta hace poco se derivaban a Madrid, se llevan a cabo en la Arrixaca. Además, el hospital de El Palmar también atiende la última parte del aborto desde la semana 20

En este caso, en los embarazos de más de 20 semanas en los que se precise llevar a cabo un aborto por problema fetal se le da la opción a la mujer de ser atendida en la inducción (fase de dilatación y expulsión) en un hospital público, aunque previamente la técnica que pone fin a la viabilidad fetal (feticidio) se lleve a cabo en una clínica concertada.

Desde Salud destacan esta modificación y recuerdan que desde 2021, todas las interrupciones del embarazo por encima de las 22 semanas se realizan en el Hospital Virgen de la Arrixaca cuando esténb avaladas por el Comité Clínico. De ahí que en el año 2021 se llevaran a cado 9.

A esto añaden que "la Consejería de Salud han incorporado mejoras sustanciales en los nuevos contratos con estas clínicas, que mejoran las condiciones y garantías sanitarias y psicosociales para la mujer, y son supervisados en cualquier caso por el sistema público.

Médicos objetores

Igualdad recuerda en su carta que todas las regiones deben contar con médicos no objetores, es decir, favorables a practicar interrupciones voluntarias del embarazo, por lo que el departamento de Irene Montero ha instado a las comunidades que lo necesiten a contratar los facultativos necesarios para asegurar que las mujeres que elijan abortar puedan ejercer su derecho.

El ministerio también apunta que ley es "clara en ese aspecto" y plantea la creación de registros de objetores en cada comunidad autónoma, algo que todavía no se cumple en todas las regiones.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud murciana, en la Región hay 37 profesionales registrados como objetores de conciencia contra el aborto, de ellos 32 son ginecólogos. Ante lo que apuntan que el total de ginecólogos del SMS es de 180 profesionales, por lo que habría profesionales suficientes para garantizar este derecho.