Salud

Salud mantendrá el concierto para los abortos pese al cambio de la ley

El consejero murciano afirma que se valorarán las modificaciones que se han introducido, pero defiende que se permite dar el servicio público y concertado, «por lo que no afecta al contrato»

Protesta en defensa del aborto.

Protesta en defensa del aborto. / L. O.

Ana García

Ana García

La aprobación de la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo esta semana en el Congreso de los Diputados, en la que se incluye el derecho de la mujer a llevar a cabo el aborto en hospitales públicos, no supondrá una alteración de la forma en la que se viene prestando esta atención en la Región de Murcia, donde la mayoría de los casos se llevan a cabo en clínicas concertadas por la Consejería de Salud.

El consejero murciano, Juan José Pedreño, explicó ayer al ser preguntado sobre si la reforma de la ley nacional supondrá algún cambio en la asistencia que se realiza en Murcia, que «en la Región de Murcia tenemos un programa integral de atención a la mujer que recoge la interrupción voluntaria del embarazo y con el que se atiende de una forma integral, personalizada y considerando el respeto hacia las decisiones que haya tomado la mujer».

A lo que añadió que «hay que entender también que en la Región de Murcia tenemos un equipo técnico que valora los cambios que puedan llevarse a cabo según esta ley».

Sobre si se ofertará esta opción a las usuarias que quieran interrumpir su embarazo en un hospital público, Pedreño no aclaró qué ocurrirá a partir de ahora, aunque insistió en que «en la Región de Murcia se realizan interrupciones del embarazo en el sistema público, pero también se contempla en el texto de esa ley que además del sistema público se pueda llevar a cabo en centros acreditados» concertados. Insistiendo en el hecho de que «la ley lo permite, se puede hacer en centros públicos o en aquellos acreditados o vinculados».

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los embarazos, según los plazos marcados en la ley de interrupción del embarazo, se llevan a cabo en las tres clínicas con las que la Consejería de Salud matiene concierto y a las que se les adjudicó el pasado año el nuevo contrato por un valor de 6,5 millones de euros para un plazo de cuatro años.

El contrato firmado en junio de 2022 establece que en los embarazos de hasta la semana 14, los abortos se derivarán a las clínicas Géminis Planificación Familiar y Delta Médica (Ginemur). Mientras que las interrupciones del embarazo que vayan de la semana 15 y la semana 22 se practicarán en el Instituto Ginecológico de Murcia

Este último contrato introdujo algunos cambios en la asistencia a estas mujeres, ya que los abortos a partir de la semana 22, que hasta hace poco se derivaban a Madrid, se llevan a cabo en la Arrixaca. Además, el hospital de El Palmar también atiende la última parte del aborto desde la semana 20. 

En los embarazos de más de 20 semanas en los que se precise llevar a cabo un aborto por problema fetal se le da la opción a la mujer de ser atendida en la inducción (fase de dilatación y expulsión) en un hospital público, aunque previamente la técnica que pone fin a la viabilidad fetal (feticidio) se lleve a cabo en una clínica concertada.

Denuncian que dos mujeres con embarazos «no viables» han tenido que abortar en el extranjero

La Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública de la Región de Murcia ha denunciado esta semana que dos mujeres murcianas que tenían embarazos «no viables» han tenido que salir a abortar al extranjero al haber recibido un informe desfavorable desde el comité ético que debe autorizarlo y «en el que uno de los tres miembros es un médico que abiertamente reconoce que es objetor al aborto», afirman desde la asociación.

Cuando el embarazo supera las 22 semanas y existe un riesgo para el feto interviene un comité de tres facultativos que debe pronunciarse sobre si se autoriza o no la interrupción. 

Según explican a La Opinión los dos casos mencionados son muy recientes: uno tuvo lugar a final del año 2022 y el último el pasado mes de enero. «Las dos parejas se encuentran muy afectadas, ya que están intentando superar esta situación, y uno de los padres se está planteando incluso ir a Fiscalía debido al trato que se les ha dado, obligándoles a marcharse fuera cuando el embarazo no era viable», afirman desde la Plataforma murciana.

El derecho de las mujeres a ser atendidas en un hospital público es una de las principales medidas de la reforma de la ley, aunque Pedreño estima que estos cambios «no afectarían al contrato» que está en vigor con las clínicas privadas en los próximos años.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alertaba hace sólo unos meses de que casi el cien por cien de los abortos realizados en la Región de Murcia se realizan en hospitales privados, por lo que advertía de que, según la ley, esto «debería ser de carácter excepcional».

Otra de las reformas más polémicas de la ley es que desde su aprobación este jueves se permite a las menores de edad de 16 y 17 años a llevar a cabo la interrupción del embarazo sin necesidad del consentimiento de sus padres, eliminando también la obligación de proporcionar a la embarazada información sobre las ayudas a la maternidad.