El concierto que el Servicio Murciano de Salud va a llevar a cabo con clínicas privadas para realizar las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) incluye por primer a vez la opción de que el final del proceso se desarrolle en un hospital público de la Región de Murcia cuando se trate de una gestación avanzada.

Esta es una de las grandes novedades del nuevo documento y que supone un cambio sustancial en la atención que reciben estas usuarias, ya que hasta ahora todos los abortos se llevan a cabo en clínicas privadas, a excepción de los que superan la semana 22 y que ahora se practican en el Hospital Virgen de la Arrixaca (hasta hace poco eran derivados a una clínica de Madrid). 

Las clausulas del nuevo contrato que se encuentra en licitación y al que ha tenido acceso LAOPINIÓN recogen que en casos de embarazos de más de 20 semanas en los que se precise llevar a cabo un aborto por problema fetal se le dará la opción a la mujer de ser atendida en la inducción (fase de dilatación y expulsión) en un hospital público, aunque previamente la técnica que pone fin a la viabilidad fetal (feticidio) se lleve a cabo en una clínica concertada.

Este cambio en el procedimiento de atención a la mujer que se tenga que someter a una interrupción del embarazo más allá de las 20 semanas de gestación busca una mayor «humanización del proceso», atendiendo a una demanda existente por parte de los profesionales sanitarios y de las propias mujeres para disponer de un desenlace lo más natural posible, que facilite el duelo, para lo cual se le dará continuidad asistencial en un hospital público, tal y como recoge el pliego de cláusulas administrativas del nuevo contrato que se encuentra en licitación.

Con este proyecto, desde la Consejería de Salud se quiere regular un procedimiento que no disponía hasta ahora de un concierto en el que se indicara las condiciones mínimas que debían reunir las clínicas, lo que había generado grandes críticas entre las usuarias, asociaciones de pacientes y grupos políticos.

Interés del consejero

Se gana en calidad y en seguridad para las pacientes, explican ginecólogos consultados por esta Redacción, quienes destacan el papel que ha jugado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en toda esta regulación. «Si no hubiera sido por el interés del consejero en resolver esta situación no se hubiera desatascado, ya que fue él quien estuvo presente en la reunión del grupo de trabajo», afirman.

En los embarazos de menos de 9 semanas la mujer podrá elegir entre un método farmacológico o uno quirúrgico

El nuevo contrato para el servicio de interrupción voluntaria del embarazo cuenta con un presupuesto de 6,47 millones de euros para un periodo de 4 años y está dividido en dos lotes.

Uno de los lotes se centra en las IVE hasta las 14 semanas + 6 días de gestación (con un máximo de dos empresas adjudicatarias) y el segundo lote se refiere a los embarazos de más de 15 semanas y hasta las 22 de máximo (que tendrá un único adjudicatario).

Además de una mayor humanización, ya que se incluye la sedación, el apoyo psicológico, se permite el acompañamiento y se exige al personal formación en la atención al duelo perinatal, el nuevo contrato da la opción a las mujeres que tengan que interrumpir su embarazo antes de las 9 semanas a elegir entre si lo hacen con un método farmacológico o quirúrgico, lo que les evitará tener que pasar por quirófano, algo que beneficiará a miles de mujeres cada año, ya que la mayoría son antes de esa fecha.

El profesional encargado deberá ser un ginecólogo

Otra de las novedades del nuevo contrato del SMS para la interrupción del embarazo es que el profesional que lo lleve a cabo deberá ser un médico especialista en Obstetricia y Ginecología, cuando hasta ahora la ley solo establece que debe ser un facultativo especialista, sin especificar que sea ginecólogo o no. Entre el personal sanitario facultativo deberá haber también un especialista en Anestesia y Reanimación para llevar a cabo la sedación, así como un especialista en Psiquiatría para el lote 2 (gestaciones de 14 a 22 semanas).