El TSJ trunca las aspiraciones de los regadíos ilegales para comprar agua desalada de Valdelentisco

Los agricultores con regadíos ilegales que compraron agua desalada a la planta de Valdelentisco durante la sequía de 2016 y 2017 no tienen derecho a nuevas concesiones ya que sus superficies de cultivo no están reconocidas por la Confederación Hidrográfica del Segura, dueña en la práctica de los recursos producidos en dicha desaladora. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en una sentencia de enero de este año, da la razón al organismo de cuenca, que rechazó dar una autorización provisional a una empresa con producciones de regadío en Alhama de Murcia para adquirir de forma temporal un volumen de 750.000 metros cúbicos de la planta de Cartagena.

Dicha firma, que presentó un recurso contencioso-administrativo contra la negativa de la CHS, carecía de derechos de riego y, aunque mantuviera un convenio con Acuamed (empresa estatal que gestiona la planta) desde 2009 por la que percibía 250.000 m3 al año, el tribunal señala que la demandante «no había obtenido, a través del procedimiento establecido, una concesión» de agua. La empresa pretendía en este caso seguir adquiriendo un volumen de agua de Valdelentisco al amparo del decreto de Sequía que se aprobó en 2015 y se extendió hasta 2019, e incluso ampliar la cantidad en medio millón de metros cúbicos.

Las compras de agua desalada a la planta de Valdelentisco entre 2016 y 2017 supusieron una lucha judicial entre el organismo de cuenca y 180 empresas, agricultores y ganaderos que pactaron con Acuamed el envío de esos volúmenes adquiridos al amparo de la sequía y el real decreto que establecía medidas excepcionales en las cuencas españolas para salvar el suministro de agua. Más allá de esto, algunos de los productores que firmaron esos convenios no tenían autorización de riego para sus parcelas.

En la sentencia, la empresa en cuestión, con sede en Mazarrón, alega que no era necesario obtener una autorización para emplear esos caudales suministrados ya que el hecho de tener una concesión con Acuamed«habilita» para usar el agua desalada. «En definitiva, considera la parte recurrente que la empresa estatal que tiene encomendada la construcción y explotación de la planta desaladora goza también de una concesión para el uso del agua que produce y que puede disponer de ella libremente». El tribunal, por contra, recuerda que «las aguas procedentes de la desalación forman parte del dominio público hidráulico», que gestiona la CHS, y añade que la autorización para riego sólo puede ser concedida por el organismo de cuenca «y que nunca podría ser sustituida por un convenio» con Acuamed.

Concesiones habilitantes

El Tribunal Superior de Murcia incide en que «un requisito indispensable de toda concesión para agua de riego, como es la que nos ocupa, es la determinación de la superficie a la que va a ir destinada». Para el tribunal, «resulta evidente que cuando se otorgó la contratación, explotación y gestión de la planta desalinizadora» de Valdelentisco a Acuamed, «no se determinó concretamente las superficies que iban a ser regadas, por lo que nunca podría considerarse una concesión habilitante para el uso privativo de aguas por parte de los regantes, ni la sociedad estatal puede sustituir al Organismo de cuenca (CHS) o al Ministerio (Transición Ecológica) en la determinación de los particulares que ostentan esos derechos».

La denegación de todo el caudal solicitado por la empresa «no es caprichosa y arbitraria», concluyen los magistrados, «sino que viene determinada porque la superficie sobre la que solicita aguas procedentes de la desaladora no tiene derechos previos de riego.

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Evitar nuevos regadíos

Numerosas multas impuestas por la CHS a quienes recibieron en aquellos años de sequía agua desalada de Valdelentisco fueron anuladas o rebajadas. El TSJ, que dictó sentencias en contra del organismo de cuenca, determinó que este no había aplicado el régimen sancionador adecuado, y le reprochó que no actuará antes sabiendo que el agua estaba siendo subvencionada por el Gobierno central y que los caudales eran suministrados por convenio cada año.

Entonces, el plan hidrológico del Segura entre 2015 y 2021 no contemplaba ampliar la superficie de regadío, por lo que la CHS no regularizaría superficies como la citada de Alhama. Empresas y agricultores que suscribieron convenios desde la puesta en marcha de la planta con Acuamed tratan desde entonces que la CHS reconozca el caudal que reciben de dicha instalación. La sentencia, en este sentido, recuerda que no se podrán otorgar concesiones de agua para riego que implique generar nueva superficie de regadío, y ello justifica que el visto bueno al uso de agua desalada, «aunque sea de forma provisional o temporal, debe limitarse a los supuestos en los que se acrediten derechos previos con el fin de garantizar que no van destinados a generar nuevos regadíos».

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