Las asociaciones feministas de la Región creen mejorable la ley del 'solo sí es sí'

La ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’, ya ha tomado el camino de la revisión después de que más de 400 agresores sexuales hayan visto rebajada su pena y en torno a una treintena hayan sido excarcelados.

En 2018, en la Región, los principales movimientos feministas salieron juntos a la calle para gritar en contra de la sentencia de La Manada. Fue ese caso el que motivó que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos legislara para «poner el consentimiento en el centro», frase repetida hasta la saciedad por la ministra Irene Montero, que este sábado estuvo en Murcia y defendió las bondades de la norma que salió de su Ministerio de Igualdad, aunque precisó que está abierta a hacer modificaciones. A día de hoy, a ninguno de esos movimientos feministas les convence la ley y varios de ellos reclaman su revisión urgente.

«No creo que cuantos más años pase una persona en la cárcel, mejor»

Olvido Garrido

— Portavoz de Movimiento Feminista

Olvido Garrido, activista del Movimiento Feminista (que logra convocar a la mayoría de manifestantes el 8M y el 25N), siempre mostró su disconformidad con la ley por considerar que defiende que «para todas las mujeres sí es sí menos para las trabajadoras sexuales», que las «dejaron de lado».

Gloria Alarcón, portavoz de la Asamblea Feminista, segunda gran organización de la Región, reconoce que la ley del ‘solo sí es sí’ ha supuesto un «avance claro en la regulación de los derechos de las mujeres y en la conversión de políticas públicas de la agenda feminista». En concreto, se congratula por la ampliación de la definición de violencia machista, por la incorporación a los currículum de las enseñanzas en libertad sexual y por el reconocimiento del consentimiento como elemento determinante en la agresión sexual. Sin embargo, «sin duda alguna hay que revisar la ley», cree.

«Con tantas rebajas de condenas solo se puede reconocer que la ley tiene fallos»

Gloria Alarcón

— Portavoz de Asamblea Feminista

Alarcón, que es diputada en la del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, recuerda que el Fórum de Política Feminista a nivel estatal ya advirtió, como otros organismos, sobre las «dificultades» a la hora de aplicar la ley. «Esto tenía que haberse tenido en cuenta», afirma.

En su opinión, la intimidación debe ser un agravante en la pena impuesta por el juez ante un agresor sexual. «Con tantas rebajas de condenas no hay nada como reconocer que la ley tiene fallos», sentencia. El problema para ella está en que «la ley es demasiado laxa. Establece un concepto jurídico indeterminado; el legislador debió haberle dado más cuerpo para enmarcar el ámbito de aplicación».

En el Movimiento Feminista no creen que «cuantos más años pase una persona en la cárcel, mejor». Aunque ven lógico que una víctima o cualquier persona cercana a ella prefiera penas muy altas para los denunciados, advierten sobre el peligro de tomar esta dirección: «Al final, terminaríamos imponiendo la cadena perpetua o la pena capital».

Según Garrido, el problema está en que no se invierte en prevención. «¿Qué tratamientos va a recibir el agresor sexual en prisión para que salga de otra manera? ¿Qué presupuestos dedican para estas personas?», se pregunta.

«Eliminar la proporcionalidad entre abuso y agresión fue un error»

Loola Pérez

— Presidenta de Mujomur

Asimismo, culpa a los medios de comunicación y a los políticos nacionales y regionales de «crear alarma» por las excarcelaciones de presos, en lugar de estar los primeros más centrados en «educar» a la sociedad sobre qué es la «cultura de la violación». Lo importante para la activista del Movimiento Feminista de Murcia es que «no se vaya para atrás». En este sentido, se muestra totalmente en contra de que se «revise el consentimiento».

«Eliminar la proporcionalidad entre abuso y agresión fue un error», afirma Loola Pérez, presidenta de Mujomur (Asociación de Mujeres Jóvenes de Murcia). No obstante, tampoco cree que el aumento de las penas haga que haya «más o menos violencia».

Por otro lado, critica que se llevara a cabo la modificación del Código Penal y ahora estén provocando la «revictimización secundaria de las víctimas», ya que vuelven a revivir su caso cuando reciben la noticia de que su agresor va a salir antes de la cárcel.

En definitiva, desde Mujomur defienden la revisión porque defienden la proporcionalidad de las penas. «No es lo mismo un hurto que un robo con violencia y aquí pasa lo mismo», manifiesta Pérez, que coincide con Olvido Garrido en que «sigue faltando mucha prevención y política criminal sobre reeducación y dirigida a la reinserción».

Especialmente dura con Irene Montero se muestra Yolanda Ayala, activista de Radfem Murcia, para quien la ley del ‘solo sí es sí’ no fue más que un «intento del Gobierno de España para recibir un aplauso rápido». Tras el resultado obtenido, ahora les toca, considera, «ponerse en el lugar de las víctimas».

«Querían un aplauso rápido, ahora que se pongan en el lugar de las víctimas»

Yolanda Ayala

— Portavoz de Radfem Murcia

«La valoración no puede ser más negativa, con excarcelaciones en aumento y después de que muchos juristas avisaran de que podía pasar», subraya. Lamenta, además, que ahora ni siquiera valdría una disposición transitoria.

Reconoce que el espíritu de la ley es feminista; sin embargo, «se ha visto sobrepasada por la realidad y en la práctica ha sido un fracaso absoluto».

Las feministas radicales de la Región de Murcia consideran que «hay que castigar a los agresores sexuales según las barbaridades que cometan», por lo que abogan por «subir las penas» en la revisión de la norma estatal.

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