Los regantes llevarán sus protestas a la campaña electoral

El última movimiento en el tablero de ajedrez no tuvo el final esperado, aunque no se esperaban sorpresas. Los regantes estaban concentrados frente a la sede presidencial de La Moncloa cuando el Consejo de Ministros ratificaba la planificación del Tajo y del Segura para los próximos cinco años. A partir de aquí, todo lo que queda es batalla en el campo judicial, pero las organizaciones agraria no quieren abandonar el escenario político.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, prometió dos cosas ayer. Una es llevar el plan del Tajo a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo, como ya han anunciado el Gobierno de Murcia, Andalucía o la diputación de Alicante, gobernados por el PP, a lo que se suma la solicitud de medidas cautelares cuando se publique en el BOE para frenar los efectos de los caudales ecológicos mientras la Justicia resuelve la denuncia. Otra promesa pasa por plantar cara al PSOE en los 81 municipios que reciben agua del Trasvase, donde pregonará los daños provocados por la decisión de la ministra Teresa Ribera. La ruta se alargará hasta mayo, coincidiendo con la campaña electoral y las elecciones autonómicas y locales.

«Oferta electoral»

«Contra la voluntad fanatizada es muy difícil luchar», señalaba ayer Jiménez, que estuvo acompañado de las principales organizaciones agrarias, las comunidades de regantes más importantes del Segura y, en general, de todos los miembros del Círculo del Agua de Murcia, Alicante y Almería. El líder de los regantes no cree en las «promesas políticas» de Ribera y ve una «oferta electoral» el cambio por el agua desalada, unas cifras que no ve reflejadas en el plan del Segura. «La oferta con promesa electoral de 38 hectómetros cúbicos es una tirita y un chiste cruel para el futuro de las poblaciones». Un plan, subraya, que refleja un déficit estructural de agua de 390 hm3 para 2027, y que no contempla «un río de dinero» prometido por Ribera para inversiones que no saben «de dónde va a llegar».

«Vamos a dar la batalla legal porque esta señora se ha saltado por lo alto lo que ha dicho su equipo técnico, lo que ha dicho el Consejo Nacional del Agua y lo que ha dicho el consejo de Estado. Se ha atrincherado», señalaba Jiménez, que avanza que los técnicos del Scrats están preparando el recurso judicial y que éste deberá estar en sintonía con el que presenten los gobiernos autonómicos del PP y, en su caso, con el Gobierno socialista de la Comunidad Valenciana si finalmente se suma a la guerra en los tribunales.

Jiménez no paró ayer de repetir las cifras que supondrán los menores envíos de agua del Tajo. La pérdida de hectáreas de agricultura, 17.000 según los regantes, fueron contestadas por la ministra Teresa Ribera preguntando si esa previsión contaba con las 8.460 hectáreas de regadío ilegal que se están desmantelando en la cuenca del Mar Menor. La comparación no ha sentado bien.