Las protectoras de la Región temen que la ley de Bienestar Animal quede en papel mojado

La Ley de Bienestar Animal sigue su pedregosa tramitación parlamentaria. De momento su aprobación sigue en el aire por la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos en el Congreso sobre la exclusión o no en la misma de los perros de caza. Mientras llega o no llega, las protectoras animales de la Región han analizado el anteproyecto y aunque todas consideran que en líneas generales supondrá un avance necesario, la mayoría mantiene una posición recelosa y escéptica ante si va a suponer realmente un cambio a mejor en el bienestar animal.

La presidenta de la protectora 4 Patas Jumilla, Irene Santos, sostiene que, al igual que ocurrió con las ordenanzas municipales cuando se aprobó la Ley de Bienestar Animal regional, «se habla mucho de las leyes, pero una vez que se aprueban, no suelen llevar recursos económicos». Santos pone un ejemplo. «Es obligatorio que los animales lleven microchips, pero si los llevaran apenas existirían protectoras, habría siempre un responsable detrás, pero llegan con microchips a nuestro centro el 10 por ciento de los animales que llegan al año».

Ana María Molina es voluntaria en esta protectora de Jumilla. Una de las cosas que más valora de la nueva legislación es que por primera vez se haya contemplado a los gatos, a las colonias ferales, «tan olvidadas y denostadas y que hayan dado protección jurídica a las alimentadoras». Hasta ahora, estas personas que cuidaban de las colonias de gatos ferales se han encontrado con muchas barreras para poder ejercer esta actividad. «Han sufrido una completa indefensión ante insultos y bandos municipales que las amenazaban con multas, y ahora estarán más protegidas», señala esta voluntaria.

«Las alimentadoras (de gatos) han soportado una total indefensión ante los insultos», señala una voluntaria de 4 Patas

La presidenta de 4 Patas advierte que se aprueban muchas reglamentaciones y se generan muchos debates sobre asuntos que al final «no se pueden llevar a la práctica, ni hay gente que lo pueda controlar, ni recursos económicos». Irene Santos recuerda que las protectoras de la Región de Murcia trabajan casi sin subvenciones «y es una lucha diaria solo para darle de comer a los animales y los despachos, las Administraciones públicas, con toda su burocracia, ojalá me equivoque, pero creo que no van a ser capaces de ofrecer verdaderas soluciones».

Desde la Asociación Nacional Española de Protección y Rehabilitación Animal (Anerpa), con sede en Alguazas (Murcia), aunque consideran que a nivel general la nueva Ley de Bienestar está bien, entienden que en algunos aspectos se queda un poco corta. Según el presidente de Anerpa, Javier Rodellar, el endurecimiento de las penas es uno de estos aspectos. «Aunque va aparejada una modificación del Código Penal, la mayor parte de las penas se podrán sustituir por multas y prácticamente se puede decir que, pase lo que pase, haya el tipo de maltrato que haya, nadie va a ser condenado nunca a prisión». Pese a todo, Rodellar agradece la llegada de la nueva legislación. «Hacía mucha falta cambiar la normativa y unificar las normativas autonómicas y locales y sus criterios», afirma el presidente de Anerpa.

Las entidades de protección animal piden que los perros de caza se incluyan en la nueva normativa

Desde Cuatro Gatos, la veterana y reivindicativa asociación dedicada a la alimentación, rescate y adopción de gatos en Cartagena y su Comarca, aseguran que ya iba siendo hora de tener una legislación moderna en este ámbito. «A estas alturas del partido, con más de 30 años de atraso con respecto a la normativa que se ha ido instalando en el resto de Europa, no creo que nadie deba posicionarse en contra de esta ley», señala la presidenta de Cuatro Gatos, Ana Rama, que asegura que «necesitamos ya un paraguas legal a nivel nacional y una vez que eche a andar, si es preciso retocarla y hay algunos temas que deben mejorarse, que se mejore, pero necesitamos ley».

En cuanto a la contienda política entre PSOE y Podemos a cuenta de si los perros de caza, entre otros, deben verse afectados por esta ley, todas las protectoras consultadas por La Opinión coinciden en defender la posición que defiende la formación morada.

«Estamos hablando del mismo animal y entiendo que se genera un agravio comparativo con las personas que no somos cazadores; si yo tengo que cumplir unas obligaciones y unos requisitos con un animal, ¿por qué una persona, simplemente por el hecho de que dedique a la caza, no tiene que cumplir esos mismos requisitos?», se pregunta Javier Rodellar.

Por su parte, Ana Rama, asegura que «en un país en el que se ha protegido de forma tan grotesca el toreo como una actividad cultural y en el que, cuando llega febrero, los galgos se desechan como si fueran cosas por los mismos cazadores, esos animales tienen que estar protegidos también por esta ley, sí o sí».