Lo anunciaron el mes pasado y finalmente se ha confirmado: van a la huelga. Ya la pasada primavera, los letrados de la Administración de Justicia de la Región de Murcia secundaron una protesta, convocada a nivel nacional, en demanda de mejores condiciones laborales. Aquel parón de los antiguos secretarios judiciales tuvo notable consecuencias sobre la Justicia, tal y como advertían los propios funcionarios: se suspendieron cientos de juicios y comparecencias solo en la comunidad murciana, al faltar estos profesionales.
En un comunicado, apuntan que "el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) hemos convenido conjuntamente, y ante el incumplimiento de los compromisos que por escrito adquirió el Ministerio de Justicia con nuestro colectivo, convocar a las letradas y letrados de la Administración de Justicia de todos los partidos judiciales del país a huelga los próximos días 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre". En Murcia, se concentrarán a las once de la mañana en la puerta de la Ciudad de la Justicia.
Es más, "si, transcurridos dichos días no se hubiera resuelto el conflicto por parte del Ministerio de Justicia, será convocada huelga con carácter indefinido tras el periodo de vacaciones navideñas", remarcan en su escrito.
Promesas incumplidas
En abril, recuerdan los convocantes, el Ministerio "se comprometió por escrito con las asociaciones representativas del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia a dotar de coherencia al régimen retributivo en relación con la carrera judicial, considerando como fórmula más idónea modificar los RealesDecretos que permitan asimilar el régimen retributivo de los Letrados de la Administración de Justicia al sistema de grupos de población con el que ya cuentan el resto de funcionarios de nuestra categoría, con el compromiso de hacerlo efectivo en 2022 y establecer una cláusula de enganche al régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal vía enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa".
No obstante, lamentan, "la ministra Pilar Llop y su equipo ministerial han incumplido uno por uno todos sus compromisos. Pese a haberlo solicitado reiteradamente, las asociaciones no hemos sido convocadas a reunión alguna que permita encontrar soluciones a esta situación".
Por este motivo, expresan, "el Ministerio de Justicia no deja más salida que la vuelta al conflicto y a la huelga y asume nuevamente el perjuicio al servicio público y a los ciudadanos".
