La Fundación Ingenio, que reunió a los agricultores un día antes de la visita del secretario de Estado de Medio Ambiente a Cartagena para actualizar las intervenciones del Gobierno en el Mar Menor, prefirió no sumarse a la petición de las organizaciones agrarias de moficiar algunos artículos de la Ley del Mar Menor.
Contra esta norma, la patronal agraria formada por más de 40 empresas del Campo de Cartagena presentará una demanda colectiva ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo si consigue reunir, subrayan, 3.000 firmas para secundar esta acción.
Por ello, la fundación facilitó anoche un formulario para que cada asistente se sumara a la causa que quiere emprender ante el «mareo» de la Consejería de Agricultura de no querer atender sus demandas. «La Ley no ha dado con el diagnóstico del problema», remarcaba Natalia Corbalán, «el 70% de la norma hiperregula la actividad agraria. Llevamos dos años intentando negociar cambios pero ya nos hemos cansado».
Como en un mitin político, la directora de Ingenio enfatizó ante los asistentes de que el sector «no se va a echar atrás». Corbalán asegura que existen en la norma regional «preceptos que atentan contra los derechos fundamentales de los agricultores, como los de la propiedad privada y libertad de empresa. «Ahora tenemos el plazo abierto para presentar esta macrodemanda ante el juez. Hay que aprovechar el momento».
