El próximo martes se votan en el Parlamento europeo las enmiendas al informe final de la misión de la Comisión de Peticiones que visitó el Mar Menor el pasado mes de febrero. Una de ellas, de la eurodiputada de Izquierda Unida-Verdes, Sira Rego, señala directamente a la Consejería de Agricultura de la Región y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como responsables del «ecocidio» en la laguna salada.

En concreto, la enmienda presentada por la Izquierda (grupo en el que está IU-V) busca incluir un nuevo párrafo en el informe para dejar claro que «las malas prácticas llevadas a cabo durante años (especialmente por gran parte de la agroindustria, pero también las malas prácticas urbanísticas de promotores y municipios), se han visto agravadas por la inacción de las administraciones, y en particular de la administración regional, que es la que tiene la mayoría de las competencias necesarias para frenar esta situación».

Para Rego, «el enorme deterioro ambiental es consecuencia directa de un modelo de explotación de recursos insostenible (que incluye la extracción masiva de aguas subterráneas y el uso abusivo de agroquímicos), y de un cambio desordenado y salvaje en el uso del suelo. Todo ello se ha producido a pesar de la existencia de numerosas y exhaustivas legislaciones europeas, estatales y autonómicas».

La eurodiputada hace mención, incluso, a los «tintes penales» que ha supuesto la «dejación de responsabilidades», en referencia al caso Topillo. Es en este punto en donde se mencionan a la CHS. «En dicho procedimiento penal se juzga la contaminación por nitratos del Mar Menor procedente de las desaladoras ilegales instaladas en el Campo de Cartagena en un periodo de tiempo comprendido entre 2012 y 2017; el caso implica a 38 administradores y gestores de empresas agrícolas (20 de ellos son considerados responsables del 80% de la contaminación), y a los responsables de las administraciones que debían velar porque esto no sucediera: la Consejería de Agricultura del Gobierno de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura», dice el texto.

Los socialdemócratas europeos buscan introducir en el texto el principio de «quien contamina, paga»

Esta enmienda, la número 2 de hasta 103, defiende el uso del término «ecocidio, que ya ha sido utilizado por funcionarios de la Comisión Europea», debido a la «gravedad y persistencia del daño ambiental y las prácticas que lo han hecho posible».

Según ha podido saber esta Redacción, Renew Europe (con 102 eurodiputados), el grupo liberal en el que están incluidos los miembros españoles de Ciudadanos, apoyará esta enmienda de La Izquierda (38), ya que la depuración de responsabilidades es uno de sus objetivos en su participación en esta Comisión de Peticiones. El voto de ambos grupos no es suficiente para alcanzar la mayoría de la Cámara, por lo que necesitarán también el apoyo del Grupo Socialista (144) para que se incluya esta enmienda en el informe final, ya que se da por sentado el voto en contra del Grupo Popular (174).

Esta Redacción se puso en contacto con el eurodiputado socialista murciano, Marcos Ros, que reconoció que «probablemente» apoyarán esa enmienda, aunque su trabajo no se centra en «señalar» a los culpables. No obstante, los socialdemócratas europeos sí que están interesados en aprobar otra enmienda que introduzca en el texto el principio de «quien contamina, paga».

Los liberales piden restaurar la función original de las ramblas, especialmente la de El Albujón

Además, apuestan por propuestas «en positivo» que tienen que ver con exigir la puesta en marcha de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, elaborar un plan de ordenación del territorio —responsabilidad de la Consejería de Fomento e Infraestructuras—, impedir los fondeos ilegales, desarrollar actuaciones prioritarias como son los filtros verdes y eliminar del informe la apertura de las golas. En total, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas ha presentado 21 enmiendas.

Por su parte, en Renew (Cs), además de haber conseguido que en el informe de compromiso se identificara a los nitratos de la agricultura ilegal como principal causa de contaminación del Mar Menor, sus principales peticiones de modificación para el informe final consisten en que la Comisión Europea proteja y defienda la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor, que se eliminen todas las explotaciones agrícolas ilegales en el entorno, que la recuperación de aguas para regadío tenga que pasar por sistemas que eliminen sus nitratos y fosfatos, el sellado de manera sostenible de las balsas de residuos mineros y en restaurar la funcionalidad original de las ramblas (en particular de la rambla de El Albujón), entre otras.